Saturday 21 de January de 2017

¡Al diablo con sus instituciones!

Aquiles González Navarro      7 Nov 2013 19:10:06

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En la más reciente obra del historiador y politólogo Lorenzo Meyer, Nuestra Tragedia Persistente, se lee el siguiente texto: antes y después de la desaseada campaña electoral de 2006, el PAN y su entorno repitieron ad nauseam dos acusaciones contra Andrés Manuel López Obrador: primero, que el candidato de la izquierda era “un peligro para México” y que el haber evitado su llegada a la presidencia salvó a las instituciones.

Luego el historiador aclara que, Por lo que se refiere a las instituciones, AMLO propuso mandar al diablo no a “las instituciones” en general, sino a “sus instituciones”, es decir, a esas cuya función y vocación habían sido desvirtuadas, pervertidas, por las manipulaciones de los gobiernos del PRI y el PAN.

Viene a colación la cita del Maestro Meyer, con motivo de la discusión que ha generado la propuesta de la desaparición de los institutos electorales de las entidades y la creación de una institución centralizada (Instituto Nacional Electoral INE) que organice los procesos en todo el país.

El INE vulnera el federalismo y supone un retroceso en el avance democrático, dice el gobernador Miguel Alonso, en tanto que coincidentes, durante la inauguración del 24 Congreso Nacional de Estudios Electorales, especialistas en el tema se han pronunciado en contra de lo que llamaron la centralización de los órganos electorales locales y a favor de fortalecer la federalización de tales instituciones.

¿Y los ciudadanos zacatecanos a que le apostamos?: si desaparece el Instituto Electoral del Estado (IEEZ) por la creación del Instituto Nacional Electoral, malo porque vulnera el federalismo además que sería controlado por el Ejecutivo Federal. Si por el contrario, logra el Instituto sobrevivir, pero conserva la forma de integración de su Consejo General a través de los grupos parlamentarios de los partidos, así como su esquema de funcionamiento; malo porque, además de no respetar el principio de equidad por sus intereses partidistas, seguiría careciendo de autonomía en virtud de control que sobre la presidencia del Consejo ejerce el gobernador del Estado, tal cual ocurre en todas las entidades y en todos los institutos.

Por lo que se ve estamos fritos y, como dicen los campesinos zacatecanos no habría a que tirarle, a menos que los especialistas que participan en el 24 Congreso Nacional de Estudios electorales propongan una reforma a fondo que implique necesariamente:
-Establecer mecanismos de designación de los consejeros electorales, libres de la influencia de los partidos políticos o/y grupos parlamentarios.

-Garantizar no sólo la autonomía técnica de los institutos electorales, también la autonomía financiera respecto de los ejecutivos de las entidades federativas, así como mecanismos de suma transparencia del ejercicio del gasto y la asignación de sueldos bajo el principio juarista de la honrada medianía. Esto es no a los sueldos excesivos y a los bonos subrepticios.

-Revisión de la tipología de los delitos electorales para sancionar con severidad y sin derecho a fianza la conducta de compra de votos que se aprovecha de la pobreza de amplios sectores de mexicanos, sobre todo cuando la autoría proviene de gobernantes, funcionarios y que deriva del erario público.

-Retomar el tema de la ya indispensable autonomía técnica y financiera de los órganos de procuración de justicia en las entidades y en el de la federación, en el entendido que, en tanto esto no ocurra, la justicia penal electoral es mera falacia.

La democracia electoral tiene apenas trece años de funcionar, consume recursos fiscales excesivos y ya está sumida en una crisis de credibilidad. Dice Meyer y con razón.

Si los consejeros de los institutos electorales continúan siendo designados por las burocracias de los partidos políticos, como en el caso patético de Zacatecas, si estos institutos siguen sujetos a los intereses de los gobiernos en sus respectivas entidades, si no se democratizan y no obtienen la autonomía indispensable, para un buen funcionamiento que dé certeza jurídica y legitimidad a los resultados electorales; seguramente muchos ciudadanos alzaremos la voz para decir ¡al diablo con sus instituciones!
 




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