Thursday 08 de December de 2016

Para decir la última palabra hay que hablar al último

J. Luis Medina Lizalde      8 Jan 2014 22:30:05

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Los gobernantes suelen guardar silencio durante el debate generado por una política antipopular, al tiempo que pulsan la reacción social para determinar si la misma es asimilable o si la rectificación se impone. De ese modo vimos cómo se difirió la decisión inicial de Peña Nieto de cobrar IVA en alimentos y medicinas hasta que las condiciones lo propicien. También observamos la eliminación de los elementos de la reforma fiscal que más irritaron al sector empresarial mediante un decreto decembrino.

Miguel Alonso opera diferente y lo vimos en el caso del aumento a las tarifas del transporte urbano.

Cuando apenas se producían los primeros posicionamientos partidarios, el gobernador irrumpe en la escena y asume la responsabilidad política de la medida, renunciando a pulsar el impacto político y económico y después ratificar o rectificar.

Una vez que hace público su sentir, el PRI avala el aumento con desgano tal que admite un probable costo político electoral y los diputados del gobernador hacen lo propio para respaldar la medida ante la oratoria crítica de los opositores, cancelando la posibilidad de un debate que dé voz equitativa a las partes interesadas, como son los concesionarios opositores y partidarios del aumento del pasaje, los usuarios del servicio y los diversos actores de la vida pública.

El debate sobre lo público es el camino a la conformación de ciudadanía informada, madura y participativa, ¿estorba ese tipo de ciudadanía?

La consulta ciudadana no vive sus mejores momentos, las hilarantes contradicciones respecto al hipotético aval de ICOMOS a la remodelación de la Alameda constituyen involuntaria confirmación de que en eso de tomar en cuenta a la gente estamos en pañales.

El tema del transporte es susceptible de análisis desde varios ángulos, siendo el más obvio el de la lesión a la economía popular. Miles de los habituales usuarios del transporte lo son al mismo tiempo de los sistemas suburbano y urbano, pues buena parte de la fuerza laboral reside en comunidades aledañas al conglomerado urbano. Son muchas las familias con varios miembros obligados a usar el transporte diariamente por razones escolares y laborales.

Una vez más, el aumento al pasaje es ocasión de linchamiento mediático a los concesionarios, inducido por la propia autoridad que pregona teatrales medidas correctivas durante las semanas que el tema se mantiene vivo. Los concesionarios aguantan callados, sabedores de que “la tolerancia cero” es pose de temporada.

Pero esta vez es diferente a las anteriores por dos razones: una, porque por primera vez hay concesionarios expresamente opuestos a la elevación de tarifas; y dos, porque estamos en vías de que la plaza sea tomada por capital foráneo de manera avasallante.


Verdades pendientes de salir a flote
Por tal razón, es de elemental sentido democrático que el tema del transporte se ventile ampliamente y no sea una más de las tormentas cíclicas que pronto pasan al olvido. Es el momento de buscar respuesta a las interrogantes:


¿Por qué Zacatecas es el único estado sin subsidio establecido al transporte? Ni siquiera los descuentos a los estudiantes merecen respaldo oficial alguno. ¿A quién le asiste la razón, a los concesionarios que juzgan indispensable el aumento o a los que lo juzgan inoportuno? Tenemos el derecho a conocer las razones de unos y de otros.

¿Todas las rutas incluidas en el aumento tienen el mismo grado de rentabilidad como para que reciban autorización para el mismo porcentaje de incremento?

¿Cuándo se deslindan las responsabilidades derivadas del anómalo manejo del fondo federal gestionado por la entonces diputada federal perredista, Claudia Anaya, que se tradujo en el fraude cometido en perjuicio de 22 concesionarios por una empresa elegida por las autoridades del ramo?

¿Cuál es la razón de que no exista un registro público de concesionarios del transporte en todas sus modalidades?

¿Los gasolinazos afectan solamente a los camioneros urbanos, no al transporte suburbano, foráneo y de taxistas, a los que no se les modifican las tarifas autorizadas?

¿Responde al interés de los zacatecanos la entrega de la plaza a una compañía que desplace a talleres mecánicos, refaccionarias, llanteros y demás?

¿Nos encaminamos al fin de una época del transporte a cargo de concesionarios locales sin subsidio para entrar a un periodo de predominio de capital foráneo al que se le brindan apoyos que jamás recibieron los nuestros?

La fragilidad jurídica del incremento permite aseverar que no está dicha la última palabra; mientras tanto, el cabildeo ante diputados locales en pro del Metrobús habla de que no tarda la licitación de resultados pronosticables.

Si el gobernador considera que le toca decir la última palabra, lo lógico es que hable al último. Nos encontramos el lunes en El recreo.




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