Friday 09 de December de 2016

Parálisis ante la corrupción 

J. Luis Medina Lizalde      7 Oct 2013 00:07:49

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El gobierno de Miguel Alonso no podrá figurar en la historia por su aportación al mejoramiento de las condiciones de vida de sus gobernados, por el contrario, tarde que temprano las explotaciones mineras asentadas en el territorio zacatecano serán motivo de evaluación crítica generalizada en  lo social. 

Lo económico y lo ambiental y en el recuento de los daños serán incluidas las posturas gubernamental de este y anteriores  sexenios por omisos y complacientes.

Las posibilidades de una aportación sustancial de recursos procedentes de la Federación a Zacatecas que le otorguen al gobierno la posibilidad de satisfacer expectativas colectivas no se vislumbran en el horizonte. 

Detrás del ruido propagandístico  con motivo del incremento nominal al presupuesto  que frecuentemente encubre el decremento real, no hay más que el artificio egocéntrico de los que en términos formales tienen que ver con la determinación anual del presupuesto, pero que en la política real sólo son acatadores de determinaciones preestablecidas.

Donde el gobernador tiene la oportunidad  de trascender es aplicando una política anti corrupción y en el terreno legislativo impulsando la transformación del orden jurídico local para poner en orden la cada vez más anómala vida institucional, mediane el uso legítimo de su amplia facultad de iniciativa. 

Transcurrido el primer mes de la actual Legislatura se asoman indicios de nefastas continuidades. 

La exhibición del vínculo delictuoso entre la administración pública y diputados de diversas fracciones creó una coyuntura favorable para introducir cambios de fondo en el funcionamiento del Poder Legislativo y su relación con el Ejecutivo. 

Los diputados no han mostrado conciencia de semejante necesidad y más bien se encaminan a seguir la ruta de sus antecesores. 

Por los mismos pasos 
Todo indica que seguirá la opacidad y las sesiones secretas, el esquema de financiamiento de la política clientelar y los desmesurados ingresos.

Cuando los diputados todavía no tienen “cadáveres en el clóset” y a pesar de eso se resisten a transparentar mínimamente la situación del estado de cosas, la explicación que cabe es que en su criterio nada tiene de reprobable que mediante el concepto gelatinoso  de “herramientas legislativas” se incrementen los ingresos de los legisladores a niveles que hieren profundamente la sensibilidad social.

Les parece ético y aceptable que el Ejecutovo les entregue becas para que las repartan  en función de sus intereses y siguen sin cuestionar el concepto de “gestión”.

El audio que detonó el último escándalo no sólo exhibe a los directamente involucrados, mostró que la Contraloría sigue en el mismo rol de sexenios pasados cuando en voz de su titular manifiesta el absurdo de que dicha dependencia no puede proceder de oficio para investigar a las dependencias responsables del “maiceo”, negando con ello la razón de ser del órgano técnico del que es titular.

En similar nivel de escándalo terminaron varias de las administraciones municipales 2010-2013, las notas periodísticas refieren hechos constitutivos de delito que no son motivo de denuncia jurídica ni detonan la actuación de oficio de la autoridad competente. 

Los nuevos presidentes municipales declaran o filtran situaciones que “queman” a su antecesor, pero que dejan impunes los probables delitos. 

 Existe el riesgo de que el escándalo desatado con el audio de los diputados se convierta en distractor de la descompuesta situación general, en el caso de los diputados existen tres iniciativas procedimentales, por un lado la demanda de juicio político interpuesta por diputados suplentes a los que les escamotearon sus ingresos amparados por  las “herramientas legislativas”.

También la denuncia penal interpuesta por el Yo Soy 132 y la investigación de oficio respecto a la compra de votos para la aprobación del presupuesto del 2013 evidenciada en el audio puesto a circular en las redes.

Silencio que dice mucho 
Existe otra situación anómala que no ha merecido tratamiento similar, el cobro de las “herramientas legislativas” correspondientes al último cuatrimestre del año por los diputados salientes a partir del 7 de septiembre del presente, la pasividad al respecto delata la política de “echarle tierra” a los episodios de corrupción y de ese modo seguir cosechando privilegios indebidos.

En el pasado no lejano los gobernadores   encargaban a prestigiados juristas la elaboración de los códigos civiles y penales convirtiéndose el Ejecutivo en el gran legislador, la evolución del sistema político no nos ha dado una auténtica división de poderes y el Ejecutivo sigue predominando.

 La  impunidad  aparece sin límites a los ojos de un ciudadano agraviado por la economía y por la violencia. Los integrantes de la actual Legislatura parecen decididos a “nadar de muertito” como sus antecesores.   

Si la podredumbre ventilada en los medios de comunicación no tiene consecuencias jurídicas, nuestro futuro es ominoso.

Nos encontramos el jueves en El recreo. 




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