Saturday 10 de December de 2016

Patas arriba 

Aquiles González Navarro      21 Nov 2013 21:30:05

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Buena pregunta:
“Es responsabilidad del Congreso mexicano generar leyes que propicien una mejor operación de las empresas mineras en el territorio nacional.”

Estimado lector, ¿quién piensa Usted que recién hizo esta afirmación?: ¿algún legislador del Partido Verde? No, están sujetos a lo que disponga el PRI; ¿algún político del PRI? No, porque no es el interés de Peña Nieto; ¿algún diputado o senador del PRD o del PAN? Tampoco, pues ellos están ocupados en el Pacto por México de Peña Nieto. ¿Entonces? aunque usted no lo crea, lo dijo Bernard Trottier, legislador integrante de la Cámara de los Comunes en Canadá y Presidente del grupo Amistad México-Canadá.

Luego, Trottier se ufanó aclarando que en su país las mineras respetan el medio ambiente, las tradiciones y la cultura de las poblaciones donde se asientan las empresas y ejemplificó (como para motivar nuestra indignación) que en Canadá “cada año las mineras aportan 30 mil millones de dólares por vía de impuestos-para impulsar la educación, la seguridad social y la seguridad pública”.

Agregó el canadiense que en su país las compañías de extracción “respetan las normas más estrictas en materia ambiental, empresarial y fiscal, pero en México han encontrado un campo propicio para afectar esos tres ámbitos “, concluyó a modo de alerta.

En la mina Peñasquito del municipio zacatecano de Mazapil, a tajo abierto la empresa canadiense excava diariamente 550 mil toneladas de tierra y piedras para obtener oro, plata, plomo y zinc y ni tan siquiera tiene su domicilio fiscal en nuestra entidad. Es tan fuerte la explotación y el vil saqueo que, según estudio de Alfredo Valadez, “el volumen de oro y plata extraídos durante la década reciente en el país equivale a la de los tres siglos de la Colonia.

Y para nuestra vergüenza, mejor un diputado del país que nos explota alza la voz para recriminar al Congreso de México, la carencia de una legislación protectora y reguladora que ponga en orden social, ecológico y fiscal a las mineras extranjeras.

Zapatero a tus zapatos:
Ahora resulta que el Secretario de la Defensa Nacional pretende que se modifique la Constitución, a fin de que se otorguen potestades a militares para actuar en función de policías de prevención y de investigación del delito.

La Constitución General de la República asigna al Ejército la más elevada misión: la seguridad nacional. A las policías les impone la tarea de la seguridad pública, diferenciando dentro de este esquema las tareas de prevención del delito (en vigilancia y disuasión) para las preventivas (federal, estatales y municipales), en tanto que reserva la función de investigación a las policías ministeriales (federal y estatales) apoyadas por servicios periciales (o policía científica), dependientes de las procuradurías o descentralizadas en algunos estados como Jalisco.

Cada una de las funciones, tanto las que corresponden a los militares, como aquellas propias de los cuerpos policiacos, tienen que ver con la vocación, los estudios de capacitación y finalmente con la profesionalización. En una sociedad democrática y con instituciones fuertes, donde no haya vacíos de poder; no deben los militares realizar funciones de seguridad pública, como tampoco los policías hacer las que a la seguridad nacional pertenecen, so pena de incurrir en violaciones a los derechos humanos, como sucede en nuestro país.

Peor resultaría si los militares realizaran funciones de investigación policiaca o científica, pues el abismo que resulta entre un auténtico policía ministerial investigador y un perito en ciencia, arte o técnica en relación con la capacitación propia del militar, es demasiado grande, prácticamente incompatible en conocimientos y atribuciones.

Edgardo Buscaglia, sin duda uno de los profesionales más conocedores del tema de seguridad pública y de seguridad nacional, propone en Vacíos de Poder, más que la militarización, “Controles judiciales, con policías, jueces, fiscales y sistemas penitenciarios que sistemáticamente generen y ejecuten resoluciones punitivas predecibles en un Estado de derecho que, por definición, prevea el ejercicio práctico de los 58 derechos humanos contenidos en las convenciones de la ONU”.
 




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