Sunday 04 de December de 2016

Pesimismo paralizador

J. Luis Medina Lizalde      31 Aug 2014 21:30:04

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“¿Qué ganamos con saber tanto si de todos modos no podemos hacer nada?”, me dijo el dueño de una tienda de abarrotes del barrio de donde soy, al momento de repasar algunos de los escándalos de corrupción que, de tan rutinarios, ya ni escandalizan.

Con esa frase me hizo sabedor de que para la ciudadanía la sola denuncia sin consecuencias conduce al desaliento, resignación o parálisis en vez de dar pie a la acción correctiva. Si repasamos la enorme cantidad de hechos anómalos sin aclarar y mucho menos investigar, que son del dominio público, entendemos la desesperanza que trasluce la interrogante.

¿Es institucionalmente impecable la anunciada acción penal contra exalcaldes? ¿Están todos los que son? ¿Son todos los que están?

En estos días, como consecuencia de la denuncia pública de la diputada Soledad Luévano, se registra una escaramuza entre dos actores que conquistaron relevancia formando parte del mismo equipo político, cuya cabeza indiscutible es Ricardo Monreal.

La separación de Le Roy Barragán de dicho equipo, junto con su pretensión de ser candidato a la diputación federal por el Distrito 2, alienta la idea de que se trata de un episodio que no irá más allá de los tiempos electorales. El tiempo desmentirá o confirmará está hipótesis tan extendida.

Hace pocos años los zacatecanos fuimos testigos del “agarrón” entre el entonces diputado Guillermo Huizar y el entonces secretario de Finanzas, Jorge Miranda. Una vez que desapareció la coyuntura que los enfrentó, ninguna de las acusaciones que intercambiaron tuvo seguimiento legal y ahora ambos son viajeros en el mismo barco, uno como miembro del PRI y otro del Verde Ecologista.

Es un imperativo ético no asumir la culpabilidad a priori de los que son denunciados y es en bien del interés público que los mismos ejerzan su derecho a defender lo que a su causa convenga en los mismos medios que difunden la acusación.

Pero lo que verdaderamente sirve al interés general es que las instituciones a las que les corresponde aclarar los hechos y actuar en consonancia con los resultados de la investigación hagan su trabajo en forma convincente.

¿Dónde reside la atrofia de la procuración de justicia en México y Zacatecas? Cuando no había cabida a la denuncia pública, podíamos atribuir la impunidad resultante al ocultamiento de los hechos. Ahora nos saturan con denuncias espectaculares y seguimos igual.

¿Qué se esconde detrás de tanto amor?
La actividad minera es otra fuente de escándalos sin consecuencias legales. El más reciente tuvo lugar la semana pasada en Concepción del Oro, en la mina Aranzazú, explotada por canadienses y que costó la vida de un operario.

El miércoles 27 de agosto, narran habitantes de la colonia Bellavista, a menos de un kilómetro de la mina, se escuchó una detonación de esas que han ocasionado daños a sus casas y que han sido verificados por peritos de la procuraduría, sin que eso signifique que cesan las explosiones y se les indemnice razonablemente.

Los trabajadores de la mina hicieron saber a los vecinos que el fallecido fue sepultado por un derrumbe causado por el exceso de potencial explosivo, pero que les advirtieron que el que “abriera la boca sería despedido”. Los colonos acudieron a la capital zacatecana para denunciar públicamente lo sucedido y mire usted lo que pasó:

La Procuraduría General de Justicia del Estado envió un comunicado ese día a los mismos medios que recogieron la voz de los denunciantes diciendo que la muerte del trabajador fue por un accidente ocasionado por su imprudencia, como si ya hubiese investigado.

Horas más tarde, la empresa admitió el derrumbe, dejando en evidencia el boletín oficioso; no obstante, eso no desanimó a funcionarios estatales y federales para ofrecer versiones tendientes a dejar libre de toda responsabilidad a los concesionarios de la mina.

Hicieron lo anterior antes de iniciar siquiera la investigación pertinente y sin que ningún declarante hubiese escuchado la versión de los vecinos o pusiera un pie en el lugar de los hechos.

Dejados en indefensión
Conocí por el ingeniero Martín Ornelas la historia de un trabajador de la mina El Saucito del Poleo, en Fresnillo, que murió electrocutado cuando laboraba y que se pretendió hacerlo pasar como víctima de un paro cardiaco.

Finalmente, la perseverancia del periodista radiofónico Armando Cáceres logró la autopsia que frustró la maniobra, pero otras veces se salen con la suya.

Son tantas las muestras de incondicionalidad automática de funcionarios de distintos tamaños con las empresas mineras que es menester averiguar el origen de tan deplorable conducta. Necesitamos saber si se trata de una política ordenada desde las alturas o si estamos ante becerros que defienden la vaca que da leche.

Nos encontramos el jueves en El recreo.




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