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¿Quién tira la primera piedra? 

Mara Muñoz Galván      22 Jul 2014 22:00:07

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Litigar en los medios de comunicación se ha vuelto práctica reiterada por parte de las instituciones encargadas de procurar justicia en México.

En los últimos siete años hemos visto desfilar en los periódicos y pantallas televisivas todo tipo de personajes acusados de delitos relacionados con la delincuencia organizada; héroes o demonios públicos, dependiendo de la imaginación y simpatía de la audiencia.

Mamá Rosa es otro personaje presentado en sociedad para la diatriba y escarnio de una masa que anhela cortar cabezas. En las redes sociales se puede leer todo tipo de descalificaciones a esta mujer que trabajó más de 60 años asistiendo a niñas y niños abandonados en la calle o entregados por sus padres en manos del albergue La Gran Familia.

Dicho albergue se mantenía gracias a donaciones en especie o en dinero de empresas privadas e instituciones públicas. Las gestiones eran posibles gracias al liderazgo y reconocimiento social que Mamá Rosa tenía en todo el país. La sociedad autorizó directa o indirectamente la existencia de La Gran Familia, dando prioridad a retirar a esos niños y niñas de las calles sin pedir cuentas del cómo.

La política social y sus alcances en México no pueden entenderse sin considerar el papel de las organizaciones no gubernamentales como la de Mamá Rosa. Durante décadas, instituciones filantrópicas y de caridad atendieron omisiones severas por parte del Estado. Sin embargo, el haber suplido a los gobiernos en su labor no debería haber dado carta abierta a estas instituciones para prestar atención y asistencia con criterios discrecionales; en el caso de La Gran Familia, con graves violaciones a los derechos humanos.

La fiscalización de los recursos públicos en este tipo de iniciativas ciudadanas es fundamental para todo gobierno. Si Mamá Rosa pudo conducir su albergue por décadas gracias al apoyo de los gobiernos municipal, estatal y federal, cabe preguntarnos por qué las instituciones públicas no evaluaron los procedimientos y resultados de un proyecto financiado, en parte, por el erario. Todo nos remite a la rendición de cuentas, no solo para las instituciones públicas sino también para las organizaciones civiles.

El gobierno y sus instituciones de asistencia son tan responsables como los padres y madres de familia que abandonaron a sus hijos en el albergue de La Gran Familia. El gobierno es tan responsable como los empleados del albergue que presuntamente abusaron de los niños y niñas. El golpe mediático a Mamá Rosa no abona a la construcción de una cultura de legalidad en México; este despliegue desmedido de fuerza abona al morbo y a la descalificación, pero sobre todo deja grandes preguntas sin respuesta:

¿En dónde estuvieron las instituciones de gobierno todos estos años para fiscalizar este albergue? ¿Qué tipo de instituciones privadas se ven beneficiados por el presupuesto y, más aún, qué pasa en las instituciones gubernamentales encargadas de asistir, albergar y atender a los niños y niñas en México? ¿Será que el silencio de años fue un recurso cómplice de quien no cuenta con los medios y estándares necesarios para brindar una adecuada atención a los niños y niñas abandonados de México?




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