Tuesday 06 de December de 2016

¿Cómo creerle?

Ricardo Gómez Moreno      11 Nov 2014 22:29:15

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El 17 de octubre el sacerdote y activista social, Alejandro Solalinde, informó que, según testigos, los 43 normalistas desaparecidos fueron asesinados e incinerados en un basurero.

El 7 de noviembre, 20 días después, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dio una pormenorizada versión oficial que confirmaba lo anunciado escuetamente por Solalinde.

Ayer martes el sacerdote dijo que José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, Guerrero, hasta ahora considerado responsable máximo del asesinato de 46 normalistas y tres civiles, fue detenido en Veracruz, no en Iztapalapa, Distrito Federal, como triunfalmente lo anunció el 5 de noviembre el titular de la Procuraduría General de la República (PGR).

Deberá el gobierno federal confirmar o rechazar la versión del padre Solalinde, quien hasta ahora goza de la confianza y credibilidad de la que carecen los organismos oficiales.

Hace dos semanas esta columna comenzaba así: “Ven el temblor y no se hincan”, en referencia a que el contrato de construcción del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro fue concedido ilegalmente a un consorcio integrado por una paraestatal china, una francesa y cuatro mexicanas.

Una de las nacionales, GIA+A, pertenece a Hipólito Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari; otra, Constructora Teya, es de Juan Armando Hinojosa, amigo personal de Enrique Peña Nieto y contratista consentido durante su sexenio como gobernador del estado de México.

Ante el escándalo social provocado por el conflicto de intereses en que se asentaba tan grotesca e ilegal acción, el gobierno federal reculó y anuló la licitación del tren bala.

Lo peor vendría días después, cuando la periodista Carmen Aristegui expuso en una documentada investigación que la casa particular de Enrique Peña Nieto cuesta 86 millones de pesos, pero está a nombre de Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de la Constructora Teya y frustrado beneficiario de la concesión del tren.

Luego aclaró la Presidencia de la República que la controvertida residencia pertenece a la consorte, la exactriz de Televisa, Angélica Rivera, quien la paga en abonos a Hinojosa Cantú.

Cuando el país parece a punto de incendiarse por la indignación causada por el asesinato de los normalistas de Ayotzinapa, el gobierno federal está obligado a andar con pies de plomo y ajustarse en todos sus actos a la legalidad.

Sería intolerable que aun en esta situación tan crítica el fiscal de la nación se hubiera atrevido a montar un escenario policiaco como el que señala el padre Solalinde. A pesar de su cansancio, Murillo Karam tiene la ineludible obligación de dar claridad a la detención de Abarca Velázquez que, ciertamente, ya presentaba puntos dudosos.

Debe el Gobierno Federal actuar con mucha cautela, transparencia y plena legalidad. Si no lo hace así, multiplicará las llamaradas de violencia que ya emergen.

Periodista




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