Saturday 25 de February de 2017

Se niegan a devolver $7 millones exfuncionarios

César Orta      21 Oct 2014 21:29:46

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Exfuncionarios y exregidores del ayuntamiento de Zacatecas coincidieron en que no hay razón para la solicitud de devolver 7 millones 8 mil 445 pesos, derivada de las observaciones que la Auditoría Superior del Estado (ASE) hizo en la cuenta pública del 2012 al municipio.

Aunque la ASE consideró que los regidores y los funcionarios municipales, incluido el exalcalde Arnoldo Rodríguez Reyes, violentaron la Ley de Salarios Máximos, los implicados señalaron en entrevista que todo se hizo conforme a derecho y se habrán de justificar las observaciones ante el órgano fiscalizador.

Arnoldo Rodríguez Reyes, Arturo López de Lara y Alejandro Huizar, expresidente, exregidor y extesorero, mencionaron que el proceso no concluye y las sanciones resarcitorias que se dieron a conocer aún no son definitivas, ya que el proceso es largo y puede llegar incluso al amparo con una instancia judicial.

Los exfuncionarios municipales coincidieron en que la ASE sancionó con base en su criterio, por lo que las supuestas violaciones de ley se pueden solventar desde el punto de vista técnico.

“Falta mucho por aclarar, ese tipo de observaciones es una cuestión de criterio y se tendrá que resolver, creo que las observaciones son normales”, indicó Alejandro Huizar Carranza, extesorero municipal.

Destacó que el cabildo no autorizó un incremento en los salarios y los funcionarios y regidores ganaban lo que se pagaba en la administración de Cuauhtémoc Calderón, quien gobernó la capital del 2007 al 2010.

Agregó que los decretos en los que la ASE se basó para determinar la violación de la Ley de Salarios Máximos no están reglamentados, por lo que se da una controversia.

Los tres exintegrantes del ayuntamiento capitalino señalaron que en caso de demostrarse que hubo alguna violación de la ley serán respetuosos y acatarán la resolución que la autoridad considere; sin embargo, cada uno se está defendiendo y aclarando situaciones ante la ASE.

El proceso para tener una sanción definitiva puede tardar hasta cinco años, los implicados además pueden interponer un recurso de revocación ante la ASE o un juicio de nulidad ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.




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