Monday 05 de December de 2016

Sin zanjar aún, pleito por excentral

Francisco Gabriel Reynoso Torres      22 Jul 2014 20:20:05

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El comerciante Marco Antonio Villa Toribio. (Oscar Baez)
El comerciante Marco Antonio Villa Toribio. (Oscar Baez)
El problema por la expropiación de la excentral camionera no es, como sostiene el gobierno estatal, caso cerrado. Está vivo y “bien vivo”, advierte Marco Antonio Villa Toribio.

Después de tres preinfartos, el líder de comerciantes afirma que la justicia federal tiene en sus manos las apelaciones de los 30 disidentes que no aceptaron el convenio de liquidación de Amalia García.

Lamenta Villa Toribio que Miguel Alonso se haya rodeado de tanta gente inservible y pone como ejemplo a Francisco Escobedo, secretario general de Gobierno.

En 1997, el entonces gobernador Arturo Romo expropió la excentral para acabar con los conflictos entre socios de Comerciantes Unidos de Zacatecas, que habían llegado a la violencia. Anunció la construcción de la Plaza Comercial La Plata y la indemnización, conforme a la ley, de los comerciantes afectados.

A 17 años, convertida la excentral camionera en la Plaza Bicentenario, Villa Toribio afirma que el problema “está vivo” y quienes se niegan a recibir su indemnización están en pie de lucha.

¿El caso ya es cosa juzgada?
Por supuesto que no. Los socios de Comerciantes Unidos de Zacatecas tuvimos dificultades seis años antes de la expropiación, eso era suficiente para invalidar cualquier convenio de finiquito. Fue ilegal que hubieran pagado indemnizaciones porque el pleito sigue.

Arbitrariamente el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Juan Antonio Castañeda, le cambió el carácter. En 1991 lo promovimos como juicio ordinario mercantil; él lo convirtió en juicio ejecutivo mercantil.

Uno se resuelve en fast track y el otro, despacio, con cuidado y meticulosidad. Si la controversia entre socios no está resuelta, ¿cómo carajos dicen que la expropiación y pago de indemnizaciones es cosa juzgada?

¿Cómo surgió el pleito?
Inició en 1991. En aquel entonces reclamábamos a la directiva de la asociación, encabezada por Rolando Chávez Olguín, el reconocimiento de nuestras aportaciones. No era posible que hubieran admitido a otros asociados. Rolando decía que era asunto pasado.

No habían autorizado el aumento de capital. Entonces preguntábamos por nuestro dinero. Una cosa era que no autorizaran el aumento de capital y otra que desaparecieran mi dinero que entregué a la empresa.

No eran centavos, era mucho dinero. Recibió nuevos socios y empezó a vender espacios en la plaza. Le dije: “somos una sociedad anónima, no una asociación de pendejos”.

¿Cómo pactaron Amalia García y su asesor Gustavo de la Rosa el convenio de indemnización?
Desde que expropió, el Gobierno del Estado debió fijarse que los afectados por la expropiación estaban divididos en dos grupos. Era imposible para el gobierno pactar la indemnización, ni con uno ni con otro.

Primero debió definir, o las autoridades judiciales que conocieron de la demanda, quién tenía la razón.

El grupo de Rolando Chávez, integrantes del consejo (unos 120), o el grupo de Villa Toribio (inicialmente eran 40, ahora quedan 33). Es claro que a los primeros los obligaron a cobrar, los intimidaban. Advertía el gobierno de Amalia García: “quien no cobre, le irá de la patada”.

¿Fue ilegal el convenio?
Le he dicho a Guillermo Huizar y Arturo Nahle que andan papando moscas en el aire con Amalia. Yo puedo decirles por qué pueden atorar a la mujer. No hablamos de un peso ni de dos; hablamos de millones. Dispuso de 65 millones y luego aparecieron otros 8 millones con los que sobornaron a Rolando Chávez Olguín para que firmara el convenio.

A cada socio le pagaron lo que les dio su gana. Los 33 socios que no hemos cobrado, si hacemos la cuenta de lo que aportamos a la empresa, tenemos más acciones que los otros 120 juntos. Nos tienen depositados en el juzgado de 16 a 20 millones y nos corresponden más de 100 millones de pesos.

Hemos tenido varias reuniones con el procurador, quien conoce muy bien cómo están las cosas, y con el secretario de Finanzas, Fernando Soto, pero no quiere saber nada de nosotros. Ademá, tuvimos reuniones con el gobernador Miguel Alonso; no nos hizo caso.

No dudo que tenga buena voluntad, qué esté muy ocupado, pero tiene en su gobierno gente que no sirve para nada. Francisco Escobedo nos dijo: “¿Qué solución habrá para usted, Villa Toribio? Creo que matarlo”. Le dije: “Sabes qué, Pancho, mejor regrésate a tu rancho. Ni como broma te lo acepto”.

¿Habrá solución?
La apelación al convenio de finiquito de Amalia está en manos del Poder Judicial de la Federación.

Debido a que todos los magistrados estaban impedidos para conocer de nuestro caso, porque los tenemos demandados, cayó en el Tribunal de Justicia Electoral y por poco nos acusan de delitos electorales.

Así que se fue a manos del Poder Judicial de la Federación y el mercantil, iniciado en 1991, el presidente Castañeda lo quiere resolver en “caliente”. Tuve tres preinfartos, me andaba muriendo. Le pedí a mi padre Dios: “Dame chanza. Déjame acabar esto, dejarlo en paz. Luego haz lo que tú quieras”.




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