Sunday 26 de February de 2017

Un huevo no cacaraqueado

J. Luis Medina Lizalde      27 Jul 2014 19:20:05

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Víctimas de un ataque de modestia, los políticos en posición de mando renunciaron a festinar ruidosamente el avance legislativo más explotable propagandísticamente, en lo referente a cambios políticos en lo que va del sexenio.

Una clase gobernante que gasta millonadas en difundir minucias como si fueran gigantescas acciones no ha mostrado el menor interés en que la sociedad mexicana conozca la ley de la consulta popular reglamentaria del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos anota en la lista de países que reconocen temas que no se deben dejar al criterio exclusivo de diputados y senadores.

La citada ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2014 y entró en vigor al día siguiente. Sus puntos medulares son los siguientes:

Podrán solicitar una consulta:

a) El Presidente de la República.

b) El 33% de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras.

c) Los ciudadanos en un número equivalente al menos en un 2% de los inscritos en el padrón electoral.

Los temas susceptibles de someterse a la consulta popular son los calificados de trascendencia nacional, entendiendo por ello, según la citada ley, los que impacten a un gran sector de la población y los que tengan repercusión en la mayor parte del territorio nacional; quedan excluidos los siguientes:

1) La restricción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

2) Los principios consagrados en al artículo 40 de la Constitución.

3) La materia electoral.

4) Los ingresos y gastos del estado.

5) La seguridad nacional.

6) La organización, funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente.

El artículo 11 de la ley federal de consulta popular refiere lo siguiente:

Las instituciones con participación prevista en la ley multicitada son el Instituto Nacional Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Congreso de la Unión.


Corresponderá al órgano electoral la verificación de las solicitudes ciudadanas de la consulta y la
celebración de la misma de manera coincidente con las elecciones federales.

Las cámaras serán, indistintamente, responsables de aportar los formatos y la SCJN calificará la constitucionalidad de la pregunta. Una vez satisfechos los requisitos previos, y en su momento, notificará los resultados validados de la consulta.

Primer ensayo democrático
El día de las elecciones federales del año próximo, además de votar por diputados federales y en algunos casos por autoridades locales, la ciudadanía podrá pronunciarse en torno a la reforma energética.

El estreno de este mecanismo de democracia directa corre por cuenta de ciudadanos interesados en revertir la reforma que muchos consideramos contraria al interés nacional e impuesta desde el extranjero gracias a la complicidad manifiesta del grupo gobernante.

Son dos las solicitudes y, por lo tanto, dos núcleos de ciudadanos recolectores del número de firmas que hagan viable las solicitudes correspondientes.

De lograrlo, quedará la SCJN en posibilidades de calificar la constitucionalidad de la pregunta respectiva y una vez satisfecho el requisito, si el porcentaje de participantes en la consulta alcanza al menos el 40% del padrón electoral, los resultados serán “vinculantes”, es decir, de acatamiento obligado.

La consulta popular es rutina en muchos países, pero en México entró con calzador, dado el verticalismo con que se legisla.

Aún sin el espíritu facilitador de que se exprese la voluntad mayoritaria en torno asuntos de gran trascendencia, por fin hemos dado el primer paso que deberá consolidarse con mejoras al texto legal de 65 artículos y seis transitorios que no han merecido la difusión que sí reciben textos de menor trascendencia.

La consulta popular ha sido el valiosísimo instrumento con el que han contado las sociedades democráticas para tomar decisiones verdaderamente difíciles, como cuando Canadá vivió la polarización entre los partidarios de la separación de la región de influencia francesa del resto de tradición inglesa, que finalmente se conjuró al preguntar a todos y ganó por muy estrecho margen la postura de no a la separación.

Checoeslovaquia, también en los años 90 del siglo pasado, se separó en lo que ahora son la República Checa y Eslovaquia, en completa armonía gracias a la consulta popular.

No quieren que se sepa
La ley en México admite en cada proceso electoral federal una o varia consultas. El potencial democratizador es enorme, no obstante lo perfectible de la legislación. Consolidar esta vía de participación ciudadana puede ser tarea de primerísima importancia en un país con instituciones secuestradas.

Sigue convertir la consulta en materia energética en una victoria popular el año próximo y transformar en ley nacional la ley federal de consulta popular para hacerla vigente para cada estado y para cada municipio.

Nos encontramos el jueves en El recreo.




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