Amparos inmorales

El juicio de amparo en nuestro país tiene una larga tradición; en 2011 se reformó para sintonizarlo a la protección de los derechos humanos contra los abusos que pudieren cometer las autoridades. No obstante, las arbitrariedades y las injusticias persisten porque muchas veces las propias entidades públicas utilizan el medio jurídico para torcer el espíritu … Leer más

El juicio de amparo en nuestro país tiene una larga tradición; en 2011 se reformó para sintonizarlo a la protección de los derechos humanos contra los abusos que pudieren cometer las autoridades.

No obstante, las arbitrariedades y las injusticias persisten porque muchas veces las propias entidades públicas utilizan el medio jurídico para torcer el espíritu de la ley, hurgando en las oquedades discursivas con el fin de encontrar recovecos que beneficien sus inmorales actos.

Sabiendo que obran mal, muchas instituciones estatales buscan protección mediante la interposición de un amparo. Desafortunadamente, uno de estos organismos públicos que ha empleado las malas artes de la contorsión jurídica ha sido la UAZ; mejor dicho, los funcionarios encargados de litigar a favor de ésta.

En lugar de servir de ejemplo de lo que debiese ser una conducta trasparente y éticamente orientada, algunos de los miembros de las últimas administraciones universitarias no han reparado en echar mano de los medios más infames para apuntalar sus ilegales actos. Así, han pervertido la legítima defensa de los intereses institucionales, a través de la fabricación de escenarios ficticios donde se inventan transgresiones y transgresores, cuya única falta ha sido no pertenecer a la tribu que en ese momento detenta el poder universitario.

Muchos disidentes han sido castigados con la expulsión, achacándoles faltas que en sus fieles han dado lugar no a rigurosa penas, sino a jugosos premios. Por ejemplo, haberse titulado de posgrado después del plazo que ellos consideran pertinente, ha traído condenas extremas para algunos docentes, mientras que otros que aún no obtienen el grado correspondiente, han sido recompensados con cargos y dádivas por ser fieles a la causa grupal.

La lista de estas paradójicas y sesgadas aplicaciones de la ley universitaria es gruesa, pero lo más grave
es que la mayoría de los sancionadores jamás hicieron esfuerzo alguno por obtener el grado universitario más alto. Por tanto, ellos son quienes no debiesen formar parte de esta comunidad…

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Imagen Zacatecas – Miguel G. Ochoa Santos