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El Recreo

Comparecencia, socialmente necesaria

J. Luis Medina Lizalde
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14 de Junio del 2017 00:00 hrs
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Liga Corta




El contador público Raúl Brito Berúmen es depositario de la más vasta información oficial de interés público al alcance de un servidor público zacatecano.  
Ni  el gobernador Alejandro Tello ni alguno de sus antecesores disponen de un panorama tan completo como el del titular de la Auditoría Superior del Estado. Nadie más que él ha podido asomarse al registro documental de los sexenios de la alternancia zacatecana. Nadie más que él puede calcular el monto del dinero público que debió de reintegrarse a las arcas públicas si no se interpusiera el criterio de la Corte declarando inconstitucional la Ley de Responsabilidades Públicas a la que le faltó una firma.
Cierto es que hay puestos a los que les está vedado el protagonismo mediático so pena de afectar su función; tal es el caso de la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de la Función Pública  y del Auditor Superior, circunstancia opuesta a la de la Secretaría de Turismo, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otras dependencias, para la que la visibilidad mediática es sumamente valiosa para su función. 
Unas y otras obligadas están a administrar la información de carácter público partiendo del principio de que dicha información es un bien público de la que son depositarios y que en el caso de algunas deben observar determinadas reglas (respeto al principio de Presunción de Inocencia y de Debido Proceso, por ejemplo).
Sin embargo, sean puestos idóneos para el alto o para el bajo perfil mediático, a nadie exime la ley de la obligación de informar aunque sea bajo reglas ad hoc. 
Conforme a esa lógica, Zacatecas tiene en el auditor superior al funcionario que le puede prestar servicios invaluables aportando de manera ordenada y pulcra la información de la que es depositario y que la sociedad se haga de una idea de la magnitud de la corrupción gubernamental pasada y presente, de las ineficiencias, de los inconvenientes legales para combatirla, etcétera. 
El primer efecto saludable de esa especie de “corte de caja” consiste en sacar el tema de la corrupción de la cancha de los grupos sexenales que usan el tema, no para mejorar la vida pública, sino para golpear al adversario, se ha gastado mucha tinta y saliva en la denuncia y nadie pisa la cárcel ni devuelve lo desviado.  
Zacatecas vivió la etapa de vacas gordas que acarreó la abundancia petrolera de la primera década del presente siglo, sin los controles debidos en el ejercicio del gasto y administración de bienes públicos; en 2012 se puso fin al factor de impunidad que significó la ley de responsabilidades declarada inconstitucional pero los vicios continuaron como lo prueba el hecho de que aún sin concluir la revisión de la totalidad de  cuentas públicas del año fiscal 2014 ya se acumulan más de mil millones de pesos en sanciones resarcitorias.

Autonomía que compromete
El contador Raúl Brito tiene la posibilidad de hacerle un gran servicio  Zacatecas: él es el que puede poner las cosas en su lugar, sin encubrimientos ni invenciones.
La titular de la Función Pública es estructuralmente subordinada al gobernador.  Los contralores municipales se asoman hasta donde el presidente municipal lo permite y, si se pasan de la raya, los corren; ha sucedido en diversas ocasiones.
Solo el auditor superior tiene una formal autonomía respecto al objeto de su fiscalización,  depende de la legislatura local por la vía de la Comisión de vigilancia.
En la atmósfera de descrédito reforzada por el escándalo de diputados locales de San Luis Potosí, si Raúl Brito comparece ante comisiones o en sesiones privadas no sirve de mucho al fin buscado; de hecho, lo hace con frecuencia.
En cambio, presentarse ante el pleno de la representación popular es hacerlo ante la sociedad, la legislatura federal transmite en vivo y en directo mientras que aquí los medios de comunicación tradicionales y las redes cibernéticas se encargan de lo demás.

Ni tan diferente
Las cuentas claras, indispensables cuando constatamos que el gobernador Alejandro Tello ya dio su brazo a torcer y seguirá otorgando recursos públicos al negocio del futbol porque, según lo entendí, ordenó una encuesta en dónde “el 96% se mostró partidario de que permanezca el equipo de Mineros”, incurriendo en el más nocivo de los populismos conforme a la premisa de que “si no podemos tener al pueblo satisfecho, tengámoslo entretenido”.
La solicitud de que comparezca el auditor ante el pleno de la legislatura no será atendida sin la voluntad  de la fracción mayoritaria.
Hay resistencia pasiva (dando tiempo al tiempo) y todo apunta al desperdicio de la oportunidad de acceder a la información que teóricamente es un bien público.
Nos encontramos el lunes en El Recreo.