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Temblor institucional

Juan Francisco del Real Sánchez
~
28 de Septiembre del 2017 00:00 hrs
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Liga Corta




En el proceso posterior al sismo del 19 de septiembre hemos sido testigos de cómo las desgracias sacan lo mejor de todos como seres humanos, hechos de los cuales nacen héroes anónimos que están dispuestos a arriesgar su físico con la única finalidad de rescatar alguna persona con vida, algún cuerpo de algún familiar o hasta alguna mascota que regrese la esperanza y nos demuestre lo grande que somos como país, pero también, desgraciadamente, encontramos al acecho lo peor que tenemos como sociedad, aquellos que se aprovechan de la desgracia para delinquir, que ven oportunidad en el caos para sacar un bien personal, y aunque son lo menos, debemos denunciarlos. 

Pero más allá del movimiento telúrico, surge un movimiento que cimbra las estructuras políticas, la moderada respuesta gubernamental quedó difuminada ante la gran respuesta ciudadana, esa que vas más allá del proceso de rescate y reconstrucción, sino un proceso de generar una nueva relación entre gobernantes y gobernados que termine con las formas arcaicas de comunicación, esa en la que se busca la reconstrucción no del México que teníamos, sino la reconstrucción del México del siglo 21. 

Ante este temblor institucional que ha unido  tantas denuncias, reclamos y propuestas, la agenda ciudadana guiada por las redes sociales centra su principal atención en disminuir el recurso público destinado a los partidos políticos y organismos electorales, sin duda ahí se debe centrar el debate, en cómo disminuir el recurso público que  indigna a millones de mexicanos y no sienten se les retribuya, pero no solo eso, sino también a otros poderes como los salarios grotescos de la Suprema Corte de Justicia, o algunos institutos autónomos  que gastan mucho y trabajan poco.

Pero se debe ser claro en que éste debate debe hacerse dentro del marco constitucional, ahí se estipula cuanto recurso será destinado para cada partido político, por lo que todo acto que se realice será esquivando y no reformando la Constitución. La presión ciudadana debe versar en reformar el marco jurídico y fortalecer el Estado de Derecho. 

Posteriormente habrá que enfocar los esfuerzos ciudadanos de millones de jóvenes  juntos con políticos comprometidos y renovados (sí los hay) para combatir la corrupción.