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También corrupción

Antonio Sánchez González
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03 de Noviembre del 2017 00:00 hrs
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Liga Corta




Las organizaciones no gubernamentales -ONG- de todo tipo no son más resistentes a la corrupción que las empresas de los sectores productivos, pero para las organizaciones de desarrollo, verse involucradas en actos de descomposición administrativa y moral puede ser especialmente dañino y tener efecto deletéreo sobre su reputación, su credibilidad, su acceso a financiamiento y donaciones, y su atractivo e influencia social.

Es un problema significativo y mundial; por ejemplo, hablando de asistencia social, en 2011 el mundo se gastó un estimado de 17 mil millones de dólares en trabajo humanitario y sin estrategias de transparencia definidas la rendición de cuentas se vuelve difícil. La corrupción, que incluye el nepotismo, el soborno, el fraude, los retrasos premeditados en los procesos de ejecución y la doble financiación, puede provocar desvío de recursos, alimentar conflictos -fuera y dentro de las ONG- e incrementar los costos de los servicios para los pobres, socavando el trabajo de las mismas ONG.

A propósito, tal vez sea demostrativo que 11 de las 17 ONG más grandes de Francia se negaron a participar en un estudio confidencial de Médicos Sin Fronteras sobre corrupción en 2008, que analizó la gestión del riesgo y los procedimientos de organización para abordar el problema.

Un informe de Transparencia Internacional del mismo año señaló a la adquisición, el transporte, la distribución de alimentos y medicamentos y el uso de materiales de construcción entre las áreas más vulnerables a la corrupción. La contratación de procesos de adiestramiento, capacitación y educación ocupó el siguiente escalón.

No cabe duda de que la adopción de un enfoque proactivo y transparente para enfrentar la corrupción puede presentar riesgos a corto plazo para la reputación de una ONG. Pero hay señales claras de que las ONG están cambiando, en el mundo y en México, deseosas de mostrar una mejor eficiencia operacional, estructural y de rendición de cuentas.

Idealmente, toda organización de la sociedad civil debería publicar informes periódicos que transparenten su actuación y un registro de todas las quejas formuladas contra si misma. A pesar de cualquier reserva inicial, estas herramientas son elementos importantes para ser más responsables y transparentes, pero también para hacer eficiente su trabajo interno.

“La manera más efectiva de luchar contra la corrupción es exponerla”, según Lisa Henry, quien es presidenta de Humanitarian Accountability Partnership, creada en 2003 para promover la rendición de cuentas en las ONG. “A nadie (organizaciones o personas) le gusta que se le mencione en un informe de corrupción”, ellos publican “cuidadosamente -sus- hallazgos con un enfoque de ‘lecciones aprendidas’ y -los presentan- como casos de aprendizaje activo”, para así evitar esperar pasivamente el siguiente. 

Aprender de la experiencia implica involucrar a toda la gente relacionada con la organización y un importante desafío cultural y operacional.

Sin embargo, una cosa es lidiar con la corrupción dentro de una organización, pero otra más complicada ocurre con las transacciones de negocios, gubernamentales e incluso sociales en los estados donde la corrupción -a través del soborno, por ejemplo- está arraigada en el día a día, léase, policía corrupta, opacas estructuras gubernamentales y poderes judiciales corrompidos.

Es necesario reconocer que, aunque las culturas difieren, la corrupción es una parte integral de los países en desarrollo y que una de las maneras efectivas de contrarrestarla es involucrar de manera más sistemática a las comunidades locales en el trabajo humanitario y de desarrollo, en la conformación ciudadana de los sistemas de monitoreo regulares y de facilitación y atención de quejas y denuncias.

Sin la participación de la sociedad a través de organismos civiles sólidamente comprometidas con la anticorrupción y transparentemente constituidas, se vuelve difícil confiar en que una denuncia sobre un tema de corrupción hecha ante una autoridad gubernamental sea cuando menos atendida.