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El Recreo

Cuándo sigilo, cuándo difusión

J. Luis Medina Lizalde
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22 de Enero del 2018 05:00 hrs
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Liga Corta




Fuentes cercanas al caso aseguran que la familia del ingeniero Roberto Robles no pagó rescate, su liberación estuvo a cargo de la Policía Ministerial  y bajo el mando directo del procurador de Justicia (como solía hacerlo su señor padre que también fue procurador con Genaro Borrego).
La “casa de seguridad” fue ubicada en una comunidad de Trancoso, Zacatecas.
 Hay más de 10 detenidos,   entre ellos seis  policías aprehendidos por la propia ministerial auxiliada por el Ejército en la cabecera municipal, según los vecinos que nos dieron  testimonio.
La familia Robles, por su cuenta y riesgo, recibió el apoyo de “expertos negociadores” importados para la ocasión, fuentes allegadas al caso nos dicen que estaban en trance de negociar el rescate (cuyo monto inicial era de 8 millones de pesos) cuando les llegó la buena nueva.
 El gobierno, fue al parecer, marginado del asunto, pero no abandona el caso y capitaliza un error de los delincuentes del que no es prudente dar detalles, que los condujo a su  perdición. 
Los conocedores del mapa delictivo local presumen que fueron los talibanes los autores del secuestro,  por la ubicación del lugar dónde mantenían a su cautivo.
En contraste, el ferretero, González  Lira sigue sin aparecer, tampoco la adolescente sustraída a sus padres cuando la trasladaban a su escuela, ni el hijo de conocido ganadero que perdió a dos  de sus hijos en al mismo suceso, solo para mencionar  algunos  de los casos sin respuesta dónde además se entregó rescate. Cabe que nos preguntemos si existen particularidades del caso que expliquen la razón de desenlaces tan opuestos.
Tengo presentes 3 casos de alto impacto de desenlace rápido en los cuales hubo un elemento común: La amplia difusión produjo una espontánea presión ciudadana sobre autoridades y delincuentes.
Cuando la presión pública convierte en “papa caliente” un asunto, las autoridades se esmeran en dar rápida respuesta, caso contrario cuando la población se entera a destiempo y dispone únicamente de lo que la autoridad informa, circunstancia que permite la dosificación inductiva de control de daños reforzando una actitud expectante que permita “torear” la situación.
El dilema número uno que tiene que resolver una familia a la que le secuestran uno de sus miembros es el de guardar silencio, como es regla que se lo pidan las autoridades, o hacerlo del  conocimiento público,  hay voces que le aconsejan convocar a la presión solidaria de una sociedad cada vez más resuelta a no permanecer callada y hay quienes les exhorta  al prudente acatamiento de la indicación de la autoridad.
 ¿Y para saber qué hacer?
Es mi convicción que  habrá circunstancias en las cuales hacer del conocimiento público un hecho desde el momento en que está sucediendo  es determinante en la resolución eficaz, hay ejemplos al respecto,  los  delincuentes no comen lumbre y tienden a soltar a la presa que les quema las manos.
 Pero  en la medida en que la descomposición social se profundiza, el secuestro es practicado por delincuentes primerizos, torpes, nerviosos y sin el autodominio necesario para pensar bien lo que hacen y cuando se ven abrumados por el clamor social desatado por la villanía que cometieron reaccionan estúpidamente y matan a la víctima “para no dejar testigos” 
Una vertiente no atendida en estos diez años es la referida a la comunicación de crisis, ¿Qué deben hacer las autoridades con la información?  ¿Seguir callando la desaparición de jovencitas  o saturar las casetas de cobro con sus fotografías?  ¿Quién nos puede aleccionar sobre cuándo es inteligente el sigilo y cuando se requiera amplia difusión de un caso?
 Hasta ahora no es posible detectar una lógica clasista en la respuesta de las autoridades, ya que el sigilo se ha impuesto lo mismo en caso de víctimas de alto relieve social que  en gente común,  lo que confirma que es la difusión oportuna y no tardía de cada caso lo que ha marcado la diferencia,  también es advertible que la decisión de difundir o no difundir  la ha tomado la familia, nunca la autoridad, la que ha reaccionado más bien mortificada.

Enfermos de presión baja
Mi acercamiento al tema desde la condición de diputado local reafirma mi percepción de que   el gobierno sabe más de lo que reconoce, pero que está instalado en la posibilidad de rehuir su responsabilidad en la medida en que la ciudadanía no presiona más que en forma casuística.
El desmantelamiento de las redes de cooperación con el crimen organizado existentes en el estado no se hará sin sacudimientos políticos,  las policías son la parte operativa de la complicidad pero los “acuerdos” cuajan más arriba.
Y no hay apellido familiar a salvo de  infiltración narca, por notable que sea.

Nos encontramos el jueves en El Recreo
@luismedinalizalde
luismedinalizalde@gmail.com