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La otra batalla electoral
José de Jesús Vela Cordero
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12 de Julio del 2018 05:00 hrs
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Liga Corta




Una vez finalizada la jornada electoral, concluidos los cómputos distritales, así como expedidas las constancias de mayoría y las asignaciones bajo el principio de representación proporcional, se abre otra dinámica que forma parte del proceso electoral.

Las leyes en materia electoral, concretamente la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en el ámbito federal, y en ámbito local la Ley de Sistema de Medios de Impugnación Electoral del Estado de Zacatecas, establecen los mecanismos jurídicos, los tiempos e hipótesis que pueden darse para anular una elección mediante resolución de un Tribunal Electoral. 

La causales son claras y precisas: cuando exista irregularidades en las casillas electorales y estas representen el 20% de la casillas instaladas; cuando los candidatos resulten ganadores, pero sean declarados inelegibles; cuando se sobrepasen los topes de campaña; cuando se hayan cometido violaciones sustanciales, entre ellas las que marca la ley como: algún servidor público o algún particular, cuya participación en el proceso electoral se encuentre restringida o prohibida por las leyes, realice actos que beneficien o perjudiquen a un partido político o su candidato, de manera que influyan en el resultado de la elección; cuando se acredite que el partido político o la coalición que resultó triunfador violó las disposiciones relativas a la contratación de propaganda electoral, a través de medios impresos o electrónicos de comunicación y que dicha violación haya traído como consecuencia un indebido posicionamiento en el electorado, a través del denuesto o descrédito de sus adversarios políticos; cuando algún funcionario público haga uso de fondos o programas gubernamentales para fines electorales en favor o en contra de un partido político o candidato, de manera tal que éste influya en el resultado final de la elección; cuando un partido político, coalición o candidato financie directa o indirectamente su campaña electoral, con recursos prohibidos por la respectiva ley electoral.

Estas hipótesis son algunas de las que pueden darse, pero los interesados deberán acreditar plenamente. La judicialización de los procesos electorales es la continuación de la pugna política en los procesos electorales en virtud de que al extenderse la declaratoria de ganador se tensan las relaciones de los grupos y facciones que disputan el poder y abren procesos de negociación política. 

En esta elección a nivel federal (elección presidencial), no se han dado impugnaciones por parte de los ex candidatos. A nivel local si puede ocurrir un proceso jurídico que proyecte una negociación política. 
Nota. El proceso electoral 2018 proyecta nuevas hegemonías partidistas; también marca el inicio de nuevos símbolos del poder.