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Asesoran a los ayuntamientos para un proceso entrega-recepción conforme a la ley

Alejandro Castañeda
~
20 de Julio del 2018 14:10 hrs
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Liga Corta




Raúl Brito aseguró que se se capacita a los comités de entrega-recepción en los ayuntamientos.
Alejandro Castañeda / Raúl Brito aseguró que se se capacita a los comités de entrega-recepción en los ayuntamientos.

ZACATECAS.- Los ayuntamientos salientes no pueden autorizar basificaciones, ni pueden adjudicarse gratificaciones ni liquidaciones fuera de la ley, por lo que se capacita a los comités de entrega-recepción, aseguró el auditor Raúl Brito.

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) dio a conocer que se han capacitado a mil servidores públicos de las comisiones de entrega para contribuir a una transición pronta y al margen de la ley.

Apuntó que las quejas más recurrentes por parte de quienes reciben la administración es que los ayuntamientos basifican personal, contratan en los últimos meses y quieren otorgar liquidaciones que no corresponden.

Detalló que el personal que ingresó con el ayuntamiento no puede otorgar gratificaciones, bonos o incentivos económicos no justificados y tienen que terminar sus labores con la administración.

Precisó que se realizó el Manual Técnico de Entrega-Recepción Institucional de los Entes Públicos Municipales, el cual servirá de guía.

“Se comisionaron mínimo dos auditores por municipio con el objetivo de que supervisen, asesoren e integren los Comités de Entrega-Recepción y realicen el protocolo del 13 al 15 de septiembre”, declaró.

Puntualizó que la reforma a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas impulsadas por el Congreso del Estado contribuirán al combate a la corrupción.

“La transparencia y la rendición de cuentas ha ido evolucionando condicionándonos a los servidores públicos a sujetarnos diariamente al escrutinio público”, aseguró.

Explicó que quienes entregan deben de hacerlo de manera completa apegados a las normas, tienen la obligación de responder a las observaciones que se hagan en un plazo de 30 días hábiles.

“En caso de no poder aclarar, sujetarse a la determinación de responsabilidades, administrativas, resarcitorias o penales que pueden prescribir hasta en un término de siete años”, sentenció.

Para quienes reciben apuntó que tienen un plazo de 30 días hábiles para hacer la verificación y las observaciones necesarias, así como la aportación de las posibles pruebas.

“Las gestiones de la administración que ahora son de su encargo y de no hacerlo así, serán sujetos de las propias responsabilidades administrativas, resarcitorias o penales”, agregó.