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Municipios no podrán basificar ni adjudicarse gratificaciones

Alejandro Castañeda
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21 de Julio del 2018 05:00 hrs
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Liga Corta




Raúl brito Berumen, titular de la Auditoría Superior del Estado.
Alejandro Castañeda / Raúl brito Berumen, titular de la Auditoría Superior del Estado.

ZACATECAS.- Los ayuntamientos salientes no pueden autorizar basificaciones, ni adjudicarse gratificaciones o liquidaciones fuera de la ley, aseguró el titular de la Auditoría Superior del Estado, Raúl Brito Berumen. 

Explicó que a la fecha se ha capacitado a mil servidores públicos de las comisiones de entrega para contribuir a una transición pronta y evitar cualquier situación o decisión al margen de la ley.

Apuntó que las quejas más recurrentes por parte de quienes reciben es que los ayuntamientos basifican personal, contratan en los últimos meses y quieren otorgar liquidaciones que no corresponden.

Detalló que el personal que ingresó con el ayuntamiento no puede otorgarse gratificaciones, bonos o incentivos económicos no justificados y tienen que terminar sus labores con la administración.

Precisó que se realizó el Manual Técnico de Entrega Recepción Institucional de los Entes Públicos Municipales, el cual servirá de guía.

“Se comisionaron mínimo dos auditores por municipio con el objetivo de que supervisen, asesoren e integren los Comités de Entrega-Recepción y realicen el protocolo del 13 al 15 de septiembre”, declaró.

Puntualizó que la reforma a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas impulsadas por el Congreso del Estado contribuirán al combate a la corrupción.

“La transparencia y la rendición de cuentas ha ido evolucionando condicionándonos a los servidores públicos a sujetarnos diariamente al escrutinio público”, aseguró.

Explicó que quienes entregan deben de hacerlo de manera completa, con apego a las normas y con plena consciencia de la obligación que tienen de responder a las observaciones que se hagan en un plazo de 30 días hábiles.

“En caso de no poder aclarar cualquier observación, deben sujetarse a la determinación de responsabilidades administrativas, resarcitorias o penales que pueden prescribir hasta en un término de 7 años”, sentenció.

Para quienes reciben, apuntó que tienen un plazo de 30 días hábiles para hacer la verificación y las observaciones necesarias, así como la aportación de las posibles pruebas.

“Las gestiones de la administración ahora son de su encargo y de no hacerlo así, serán sujetos de las propias responsabilidades administrativas, resarcitorias o penales”, agregó.