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Refresco e impuestos

Antonio Sánchez González
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16 de Julio del 2015 22:14 hrs
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México es el miembro de la OCDE que ocupa el segundo lugar en número de personas obesas contadas una a una, el primero si se divide ese número entre el total de habitantes del país (70%). Números gruesos en una nación que al mismo tiempo tiene índices obscenos de desnutrición: la obesidad causa unos 59 mil muertos por año; hay cerca de 9 millones de diabéticos –un número equivalente al de la gente que vive en el Distrito Federal- cuya enfermedad está relacionada con sobrepeso. Los números tienen la misma tendencia ascendente desde el año 2000.

El sistema de salud nacional gasta casi 63 mil millones de pesos anuales en atender a los obesos con sus enfermedades (diabetes, cáncer y patologías cardiovasculares); el país deja de ganar otros 46 mil millones anuales mientras éstas mismas personas se incapacitan para trabajar y cerca de 10 mil millones más cuando mueren prematuramente. Un obeso complicado pierde el 5% de su tiempo en vida y de vida. Números gordos.

La obesidad es enfermedad compleja. En sus orígenes hay factores culturales, como la costumbre de tomar refrescos, pero también los hay económicos, educativos y genéticos. Los mexicanos hacemos menos ejercicio que los habitantes de cualquier otro país de la misma OCDE y comemos unas mil calorías diarias por encima de las recomendaciones saludables, 7% de ellas procedentes de refrescos. Asimismo, los hijos de padres obesos tienen casi 60% de riesgo de padecer obesidad, de ahí el adagio que reza “El que es gordo, aunque lo fajen”.

Hace 18 meses entró en vigor el impuesto del peso por litro de refresco vendido en México. Pretendió desalentar el consumo de bebidas azucaradas y comida chatarra como estrategia de combate a la obesidad, siguiendo el ejemplo de Dinamarca, Finlandia, Francia y Hungría, donde tasas similares permitieron reducir el consumo de esos productos.

La estrategia pretendía reducir en 10% por año el consumo nacional de gaseosas, aumentar el consumo de agua, salvar 47 mil vidas anuales y obtener recursos fiscales destinados a combatir la epidemia: el reetiquetado de alimentos exigiría una inversión de 443 millones de pesos anuales, la regulación de la publicidad alimentaria, 190 millones; las campañas en medios de comunicación, unos 900 millones más. Ambiciosamente, el asesoramiento individual de cada obeso por parte de los médicos costaría 9 mil millones de pesos anuales y agregar asistencia médica personal por especialistas en dieta y ejercicio costaría 9 mil millones adicionales.

Un estudio, no publicado, de la Universidad de Carolina del Norte y el Instituto Nacional de Salud Pública, estima que el consumo de soda bajó 6%, aunque los vendedores de refresco acusan una baja en sus ventas de sólo 2.5% en 2014. La Ley de Ingresos del mismo año estimaba recaudar 12 mil 450 millones de pesos por ese impuesto: la recaudación fue de 18 mil 279 millones, 46.8% más. El consumo de agua embotellada subió 2.3 por ciento. La incidencia de obesidad y diabetes sigue aumentando.

El impuesto de un peso por litro de refresco pretendió desalentar el consumo y modificar la dieta del mexicano. La medida impactó el bolsillo de los más pobres, los más desnutridos, más obesos, y con más diabetes; no en su salud.