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Políticas públicas de derechos humanos

Arnulfo Joel Correa Chacón
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30 de Septiembre del 2015 20:43 hrs
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A partir de 1993, con la Declaración y el Programa de Acción de Viena de la ONU, se estableció claramente la vinculación entre derechos humanos y planeación pública, bajo el criterio de que además de leyes pertinentes, se necesitan procesos e instituciones públicas, de gestión y administrativos que respondan a los derechos y las necesidades de las personas. La OCDE define a las políticas públicas como el conjunto de decisiones y objetivos que el Estado opera para resolver problemas públicos y demandas de la sociedad de forma racional, a través de un proceso de acciones gubernamentales, dicho de otra manera, se refiere a la conformación de acciones estratégicas que tienen como fin responder a las demandas y necesidades de la ciudadanía.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 obliga a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, conforme a los estándares internacionales y a lo señalado por la Constitución, por lo que debería ser prioridad para el Estado incluir la transversalidad de la perspectiva de derechos humanos en sus políticas públicas, a través de acciones básicas que consisten principalmente en materializar los derechos, no sólo como aspiración o como bien jurídico reconocido, atender a grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación, incluir la participación efectiva de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, fomentar la rendición de cuentas y la transparencia, transformar las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales, y dar cumplimiento a las obligaciones en materia de derechos humanos.

Para el Estado, la obligación de respetar implica no interferir con el goce de los derechos humanos y la de garantizar y proteger, consiste en implementar medidas para prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, así como, la reparación integral del daño causado a la víctima. Para cumplir con estas obligaciones, es necesario introducir la perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas, ésto supone que toda aquella acción que se implemente, debe responder o atender un problema público bajo un sistema de derechos que le permita fortalecer a la sociedad para que todas las personas accedan y gocen efectivamente de ellos. En la consolidación de una política pública de Estado de derechos humanos es indispensable que todas sus acciones respeten la dignidad y autonomía de las personas.