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 Nuevas legislaciones derivadas de las modificaciones constitucionales 
Raúl Cuevas Quezada 02-04-2014 22:00 hrs

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El pasado 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política en materia política-electoral, iniciando una nueva etapa en el largo proceso de transformación del régimen político, pues estos cambios modifican de manera importante las reglas e instituciones del sistema electoral y de gobierno en el ámbito nacional y local. En particular, se modifica el modelo de organización electoral consolidado en los últimos 23 años de existencia del Instituto Federal Electoral, órgano que cambia su denominación por Instituto Nacional Electoral (INE).

En el artículo segundo transitorio, de la reforma constitucional se establece la obligación del Congreso de la Unión de expedir las leyes secundarias, a más tardar el 30 de abril de 2014. Los contenidos básicos que deberá considerar la nueva legislación electoral por aprobarse son: la ley general que regula los partidos políticos nacionales y locales que establecerá las normas, plazos y requisitos, para su registro legal y su intervención en los procesos electorales federal y locales; regulará los derechos y obligaciones de sus militantes; la transparencia en el uso de sus recursos; reglamentará la figura de coalición electoral, y deberá contemplar un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que cuenten los partidos políticos, coaliciones y candidatos, entre otros temas.

La ley general que regule los procedimientos electorales: fijará entre otros aspecto la fecha de celebración de las elecciones federales y locales; la estructura del INE; los mecanismos de coordinación entre el Ejecutivo Federal y el INE en materia de inteligencia financiera; las reglas para transparentar el financiamiento; la regulación de los debates de carácter obligatorio entre candidatos; las reglas de la propaganda electoral; las condiciones para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas; las instancias y etapas procesales para sancionar violaciones a los procedimientos electorales.

Esperamos que los legisladores federales realicen un adecuado trabajo parlamentario, dando precisión y certidumbre a la nueva normatividad electoral; la prueba de fuego de las leyes anteriormente mencionadas está por llegar, tanto en su reglamentación como en su aplicación, en la que el INE tendrá una destacada e importante labor.
 
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