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Prohibido prohibir y pedir permisos 
Luis Pazos 14-05-2014 22:00 hrs

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Liga Corta




Prohibir algo que daña a los miembros de una sociedad para mejorar la convivencia entre los seres humanos es una opción válida; sin embargo, prohibir a la ligera y sin razón suficiente tiene consecuencias sociales adversas: un "no pase, no tome fotos, no se estacione, no produzca, no consuma, no comercialice, no exporte, no importe, no crezca o no compre más empresas sin permiso" complican y encarecen la convivencia social.

A muchos legisladores y funcionarios les encanta prohibir, pues les da poder, mientras no son afectados por sus prohibiciones o se convierten en un simple ciudadano.

En un régimen democrático se parte del principio de que los ciudadanos pueden hacer todo lo que quieran menos aquello que les esté expresamente prohibido; mientras las autoridades solo pueden intervenir en aquello que les esté expresamente permitido.

Ese principio se maneja inversamente en las dictaduras, donde el gobernante hace lo que quiere y le dicta al ciudadano lo que puede hacer.

En el caso de México y otros países, que son teóricamente democracias, las crecientes prohibiciones, muchas absurdas, otras obsoletas y la mayoría con un costo mayor al beneficio social, reducen las libertades de los ciudadanos.

Si con prohibir que no aumenten los precios y se paguen salarios bajos mejoraran los niveles de vida, tendríamos un mundo sin pobres.

Esas prohibiciones no solo incumplen sus fines teóricos, sino causan efectos contrarios: escasez, mayores precios, más desempleados y menores salarios reales.

Los actuales legisladores y funcionarios deben revisar las prohibiciones provenientes de leyes, reglamentos, circulares o de una simple ocurrencia de un prepotente director de una dependencia gubernamental y derogar aquellas que no tienen un claro beneficio social, molestan innecesariamente al ciudadano, incentivan la corrupción y elevan los costos de transacción a empresas.

Debe haber una ley que prohíba prohibir sin base en un beneficio social mayor al costo de la prohibición y que finque responsabilidades al funcionario que prohíba o pida un permiso sin causa o razón suficiente.
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