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UAZ 
Elizabeth Sánchez Garay 27-02-2014 21:30 hrs

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Por la rueda de prensa ofrecida hace días por el actual rector de la UAZ, Armando Silva Cháirez, sabemos que en los dos periodos anteriores a su mandato creció la nómina de manera colosal: 413 plazas durante la rectoría de Femat Bañuelos y 918 en la de Domínguez Garay.

Si a los datos anteriores añadimos que actualmente la UAZ adeuda casi 900 millones y que los recursos ordinarios alcanzan solo para el 58.59% de los sueldos de los docentes, se puede deducir no únicamente que el diagnóstico es desolador, sino que se actuó con dolo, en detrimento de la comunidad universitaria en su conjunto.

Poner en riesgo la seguridad social de académicos y trabajadores, así como el derecho legítimo que toda persona contratada por una institución tiene de asegurar la pensión para su vejez es un algo inhumano.

No se trata, en este caso, de un acto irracional, sino de decisiones racionalmente planeadas con lógica política. Cuando se compran clientelas se requiere dinero y mucho. No para programas acreditados, los cuales tienen apoyos federales, sino para conseguir votos. También para comprar indiferencia, ya que un docente apático suele ser complaciente con actos a todas luces deleznables.

A la distancia, las palabras que pronunció Domínguez Garay cuando renunció a la Coordinación Operativa del Consejo de Planeación se escuchan insolentes: “la universidad no es una empresa, ya que no se debe estar atendiendo en función de si hay dinero o no, sino a las necesidades sociales y para la que fue creada”.

Más allá de la pésima sintaxis, lo claro es que el exrector usó el dinero de la seguridad social para sus propios fines, como si la UAZ fuese una empresa suya que debía rendir utilidades políticas personales.

Domínguez Garay ha criticado insistentemente al actual rector por su incapacidad para la gestión de recursos, pero la ineptitud durante su mandato no tiene parangón. Si las necesidades sociales exigían el aumento de presupuesto para la universidad, debió seguir el camino correcto, preocupándose por consolidar programas académicos. En lugar de eso, abrió hoyos y más hoyos sin tapar ninguno.

Pero el poder autocrático no mide consecuencias cuando los perjudicados son otros. Actúa porque nadie le impide hacerlo. Por eso, no basta con sanear las finanzas de la universidad; mientras no cambien las formas autocráticas y clientelistas de las estructuras de poder en la institución.

Por cierto, ahora que las cosas van tan mal, sorprenden los discursos que exhortan a evitar la cacería de brujas, como si no hubiese leyes en nuestro país que demandasen consecuencias jurídicas para quienes las quebrantan. La displicencia y la impunidad siempre van de la mano.

 
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