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Demandas, desde el periodo de Jesús Limones Hernández
Francisco Gabriel Reynoso Torres 25-11-2013 23:10 hrs

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Liga Corta




Archivo / El exauditor Jesús Limones procedió en contra de autoridades de cinco municipios.
Derivadas de las cuentas públicas 2010 y 2011, la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha presentado 10 denuncias de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

En su último año como titular de la ASE, Jesús Limones Hernández procedió en contra de autoridades municipales de Genaro Codina, administraciones 2007-2010 y 2010-2013; Tlaltenango y Río Grande, administración 2007-2010; y Miguel Auza y Jerez, administración 2010-2013.

Asimismo, Limones presentó denuncia de hechos contra funcionarios de los ayuntamientos de Apozol y Pánfilo Natera. Sólo en estos dos casos ha actuado la PGJE al consignar las averiguaciones y obtener, de sendos jueces, órdenes de aprehensión.

En el caso de Apozol, los acusados son el exalcalde Miguel Sandoval y otros tres funcionarios; sólo uno de estos, el exsíndico Jesús Bañuelos, está detenido en la cárcel de Juchipila. En el caso de Pánfilo Natera, la acusación fue contra un funcionario menor. El exalcalde Gilberto Zamora quedó al margen.

Ya con Raúl Brito Berumen en la titularidad, la ASE presentó dos denuncias de hechos. Una contra autoridades de Sombrerete de la administración 2010-2013, que presidió Daniel Solís. Y otra contra integrantes del ayuntamiento de Trancoso 2007-2010, encabezadas por Daniel Hernández. En esta última la denuncia se interpuso ante el Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República (PGR), por tratarse de recursos federales.

Caso Guadalupe
Información obtenida por Imagen confirma que en la ASE se analizan los elementos de dos denuncias, cuyos autores solicitaron que la Auditoría Superior interpusiera denuncia de hechos ante la PGJE.

Expertos aclaran antes que la denuncia de hechos no necesariamente consigna un delito probado. Es un hecho que presumiblemente podría constituir un delito. Y el Ministerio Público es el encargado de hacer las averiguaciones y determinar si hubo o no ilícito.

Los casos de Guadalupe se denunciaron, uno por los regidores (Magdalia Barajas, Vinicio Hernández, Diana Galaviz y Julio César Chávez, entre otros) sobre la supuesta existencia de 80 aviadores en la administración de Rafael Flores Mendoza.

La ASE ha llamado uno a uno a las personas señaladas como “aviadores” y se comprobó que, efectivamente, recibían un pago y cumplían una función, asesorías muchos de ellos, para el presidente municipal.

Esa queja se ha ido diluyendo. Los peritos de la ASE creen que no hay elementos que pudieran soportar la denuncia ante el Ministerio Público.

Y la otra se refiere al caso del rescate de la casa del Padre Vela. El exdiputado Alfredo Barajas, quien era parte de la Comisión de Vigilancia, denunció un desvío de recursos de un préstamo autorizado por la 60 Legislatura para la compra del inmueble (de 7 a 8 millones).

Los peritos de la ASE revisan todos los elementos del caso. Hasta ahora creen que no habría suficientes elementos para dar parte al Ministerio Público.

Tlaltenango
El presidente municipal de Tlaltenango, Martín del Real, quien también lo fue en la administración 2007-2010, aclara que todos las observaciones que le hizo la ASE y por las que se presentó denuncia de hechos, ya las solventó y regresó dinero a las arcas del municipio que nuevamente gobierna.

Enfatizó que le faltarían solamente dos observaciones que se refieren a la compra de medicamentos, una por 3 mil pesos y otra de 2 mil 500 pesos. En total 5 mil 500 pesos que ya está en proceso de solventar para que el expediente quede cerrado y él, libre de toda culpa.
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