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El Recreo
El mercado de conciencias
J. Luis Medina Lizalde 24-08-2014 19:30 hrs

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Impresiona la facilidad con la que los inversionistas canadienses dueños de la mina de oro Peñasquito han puesto a su servicio a funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno.

Para empezar, no registraron en tiempo y forma el convenio de ocupación temporal sin el cual no se les debió permitir el arranque de operaciones, pues el mismo es indispensable para obtener el cambio de uso de suelo.

Tampoco la autorización de Semarnat para realizar el estudio ambiental, que debió presentarse una vez ratificado ante notario público, en la Secretaría de Economía, en la Dirección de Minas, en el Registro Público de Minería y el Registro Agrario Nacional.

Las reiteradas derrotas jurídicas de Peñasquito se originan en la corrupción detectada, por ejemplo, cuando de manera ostensiblemente fraudulenta se otorgaron títulos de dominio pleno (que de plano fueron declarados nulos) a cinco “avecindados” procedentes de diversos estados y que fungen como parte del arsenal litigioso de la empresa.

Muy probablemente lo vamos a corroborar una vez más si se difiere la audiencia constitucional programada para el próximo 2 de septiembre, con el pretexto de que uno de ellos no ha sido notificado.

Ha de saber usted que Peñasquito ya no tiene más posibilidades que ganar tiempo mientras intensifica el ritmo de extracción de la riqueza mineral, dejando colgados de la brocha a los ejidatarios de Cerro Gordo, jurídicamente victoriosos.

La habilidad para burlar la ley se ha potenciado con la contratación que ha hecho Peñasquito de personas que antes laboraron en dependencias como la Procuraduría Agraria Agraria y el Registro Agrario Nacional, ampliamente conocedores de los recovecos burocráticos y con bien aceitados nexos con excompañeros de trabajo lo suficientemente “jaladores”.

Lacayismo bien remunerado
La estrategia de ganar tiempo que implementan los canadienses cuenta con la activa colaboración del Gobierno del Estado, que ha recurrido al juicio de amparo sin que le corresponda, en aras de ayudar a la empresa a que se lleve lo que se tenga que llevar lo más pronto posible.

Juega el mismo papel que en su momento jugó el señor Francisco Hernández, presidente del comisariado ejidal de Cedros, otro de los ejidos en que se asienta la mina, que en su momento interpuso un amparo para evitar la ejecución del ganado por sus compañeros de Cerro Gordo y que, según los testimonios de los ejidatarios, permitió al líder ejidal obtener un bien remunerado trabajo en la mina y convertirse en dueño de vehículos de transporte de carga al servicio de la empresa.

Por cierto, el líder de Cedros, después de interponer el amparo de marras, alardeó entre sus coterráneos de su intención de amagar a la empresa minera con desistirse del amparo si no le daban una fuerte cantidad; luego de eso no se supo qué le sucedió, pues hace más de un año que nadie sabe su paradero.

Más torpe no puede ser el papel del Gobierno del Estado haciéndose representar ante los de Cerro Gordo por Patricia Aguilar, de origen chiapaneco. Los ejidatarios narran un episodio que la pinta de cuerpo entero:

“El señor Guadalupe Ordóñez es una persona a la que todos respetamos, aunque entre nosotros estemos peleados, por eso cuando se presenta todos le besamos la mano por ser nuestro familiar de más edad, pues él cumplirá 100 años en diciembre, primero Dios. Por eso nos dio mucho coraje cuando esa señora chiapaneca le dijo: ‘Mire, tío, ni usted ni sus repinches nietos verán un solo peso de la minera si no aceptan lo que se les ofrece”.

Patricia Aguilar fue conminada a no volverse a parar ahí “para no faltarle al respeto”, cuentan testigos.

El servilismo no tiene límites
Hasta al Gobierno Federal, nada sospechoso de nacionalismo, le repugna la incondicionalidad mostrada por el Gobierno del Estado ante la compañía minera.

Así lo muestra la indignada reacción del ingeniero Francisco Yáñez, negociador de la Secretaría de Gobernación adscrito al equipo de Luis Miranda, el hombre de Peña en el área, ante el intento del Francisco Escobedo de “colarse” a una reunión el 11 de junio de 2014, en la delegación de la Segob en Zacatecas, con los ejidatarios y Jesús Gutiérrez Bastida, gerente de Peñasquito.

El ingeniero Yáñez recriminó airadamente (a Escobedo) el amparo interpuesto por el Gobierno del Estado y le impidió pasar. La propuesta de la empresa fue calificada de poco seria por el propio enviado de Gobernación, siendo esa la última ocasión que se intenta un acuerdo.

Es perfectamente documentable el cúmulo de irregularidades en que han incurrido servidores públicos de los tres niveles de gobierno en este caso concreto. La legalidad es cuestión de sobrevivencia colectiva, hoy más que nunca.

Nos encontramos el jueves en El recreo.
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