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Burocracias universitarias
Elizabeth Sánchez Garay 26-09-2013 22:52 hrs

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Liga Corta




Quienes critican el hecho de que en las universidades públicas se incremente la burocracia, en detrimento de las tareas sustantivas de las instituciones de educación superior, suelen ser tachados de ignorantes porque, dicen los defensores de los burócratas, no conocen todas las nobles funciones que los administradores realizan.

Así, en lugar de elaborar diagnósticos sobre la necesidad real de reducir los gastos de las tareas administrativas, con el fin de utilizar mayores recursos en bien del alumnado y el profesorado, el discurso de los burócratas reclama mayores aportaciones de la Federación para no perder privilegios individuales.

Esa posición es bastante absurda, pues, en efecto, las universidades debiesen tener los apoyos económicos necesarios para asegurar la educación superior de todos los mexicanos, independientemente de los ingresos familiares, pero también es deber de la instituciones públicas asegurar que el gasto da prioridad a la calidad académica. Es decir, certificar que los presupuestos anuales están orientados, fundamentalmente, a satisfacer los requerimientos del quehacer sustantivo.

Por encima de todo, las universidades deben contar con un plan de desarrollo académico congruente con las necesidades del país, con la formación de recursos humanos capaces de insertarse al competitivo mundo laboral y con una visión humanista que permita la constitución de ciudadanos comprometidos con su entorno. La burocracia tiene la obligación de trabajar en ese sentido y no a la inversa.

En un país con tantos problemas económicos, la ciudadanía exige el buen uso de los recursos públicos para solucionar los problemas de las clases sociales más necesitadas. No se puede olvidar que, en México, más de las cuatro quintas partes de la población son pobres; es decir, el 83.1 por ciento. De ellas, el 65.9 por ciento se encuentra en la categoría de pobreza extrema y sólo el 17.2 pertenece al rubro de pobreza moderada.

Pues bien, ese altísimo porcentaje de pobres requiere del apoyo del Estado mexicano para tener acceso a la formación académica. Los recursos –especialmente escasos en tiempos de crisis, como los que vivimos ahora- deben ser utilizados de una forma óptima en lo que a la educación pública se refiere.

Hace unas semanas leí un informe académico sobre el alto índice de jóvenes que trabajan y no estudian, así como las dificultades que tienen las familias mexicanas para educar a sus hijos. El análisis concluye sobre las posibilidades reales de que estos jóvenes puedan seguir el camino de la delincuencia organizada porque no tienen esperanzas de un futuro mejor.

De allí que resulte fundamental racionalizar el gasto universitario para incrementar la oferta educativa. Si eso significa reducir la burocracia, es indispensable hacerlo, pues no se trata sólo de una decisión intramuros, sino de una exigencia nacional.


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