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El Runrún
La fiscalización, mera vacilada 
Francisco Gabriel Reynoso Torres 28-06-2014 21:00 hrs

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Liga Corta




León /
La fiscalización y rendición de cuentas es, en Zacatecas, una vacilada.

Diputados de las comisiones de Vigilancia y Presupuesto y Cuenta Pública lo admiten. Y lo hacen con una gran dosis de cinismo. Las penas resarcitorias por casi 80 millones de pesos que impusieron a funcionarios del gobierno estatal y 10 exalcaldes fueron para cubrir el expediente.

Porque, advierten, son mínimas las posibilidades de que ese dinero, desviado del presupuesto, cuyo gasto no se justificó ni comprobó, regrese a las arcas estatales y municipales.

Ley inservible
La razón es muy sencilla. A los funcionarios bribones de las secretarías de Obras (hoy de Infraestructura), Educación, Contraloría (hoy Función Pública), Incufidez y CEAPA (ya desaparecida), y de 10 municipios, entre ellos Fresnillo, se les debe aplicar la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos que estaba vigente en 2012.

Y esa ley, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el juicio con el que Amalia García se pitorreó de su implacable perseguidor, Guillermo Huizar, es inconstitucional. Es una ley que jurídicamente no existe.

Nuevo plazo
Además, el andamiaje jurídico para la rendición de cuentas -advierte el diputado Rafael Flores, miembro de la comisión de Vigilancia- es inoperante.

Después que el Congreso aprobó los dictámenes de las cuentas públicas con penas resarcitorias por casi 80 millones de pesos, los inculpados tienen un nuevo plazo de 20 días para solventar las irregularidades.

En ese tiempo deben comparecer ante el auditor Raúl Brito para justificar lo que no pudieron justificar.

Nada qué temer
Y si la ASE considera válidos sus argumentos, santo y bueno. Allí termina el problema. Muerto el perro, se acaba la rabia.

Y si no, entonces se procede a tratar de cobrarles. Empero, los funcionarios y exalcaldes acusados pueden recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con el magistrado Pedro de León Sánchez, para impugnar el procedimiento.

El principal argumento en esa instancia sería la inexistencia de la Ley de Responsabilidades.

El camino no es nuevo. Muchos exalcaldes lo han recorrido para llegar a la impunidad. Juan García Páez, José Luis Figueroa y demás acusados lo transitarán. De nada se preocupan.

Negociación política
Quienes saben de estos temas de fiscalización y ajuste de cuentas, consideran que debe reformarse las leyes de Responsabilidades (la vigente) y de Fiscalización. Y darle más dientes a la Auditoría Superior.

Porque todo el proceso se atora en el Poder Legislativo. La aplicación de sanciones en el Congreso siempre está sujeta a negociación política.

“Me tapas esto y yo te tapo aquello”, es la consigna que priva entre diputados del PRI, PAN, PRD y PT.

Culpa de municipios
Terrible noticia recibieron el jueves los presidentes municipales. La Secretaría de Hacienda de Luis Videgaray recorta 150 millones del Fondo General de Participaciones.

Pero no fue por una baja en la recaudación federal. O porque hubiera caído el precio del petróleo. Fue por una causa más grave. Los municipios tienen indicadores pobres e insatisfactorios de desarrollo e inversión y el gobierno del amigo Enrique Peña los castiga.

Camioneta en venta
El alcalde priísta de Vetagrande, Valente Cabrera, puso a la venta la camioneta de la presidencia. Es una de esas grandotas que parecen de narco. Benjamín Medrano, de Fresnillo, ofreció comprársela para que tenga dinero para los salarios de la quincena.

Desastre en la SEP
En la Coordinación Jurídica, donde manda Uriel Márquez Cristerna, advierten el desastre orgánico que priva en la Secretaría de la Función Pública que encabeza Guillermo Huizar.

El 27 de marzo de 2013 -refieren- se publicó el reglamento interior de la secretaría que define su estructura orgánica. Contempla subsecretarías de Evaluación y Modernización y de Control. Ninguna de las dos existe. Y por ende, tampoco subsecretarios que pudieran hacer sombra al secretario.

Según un documento de evaluación de la SFP, “el área de normatividad hace las funciones de fiscalización, la de fiscalización las de normatividad; en el reglamento no existe dirección de licitaciones, pero sí en la práctica; y algunos titulares fungen sin tener nombramiento y sin estar adscritos al gobierno ni en su nómina”.

Gobernador de 5 años
Con la reforma electoral que aprobó la 61 Legislatura, la próxima gubernatura de Zacatecas durará solo cinco años. En 2016 entra el sucesor de Miguel Alonso y concluirá en 2021. Así, la elección del gobernador coincidirá con la de diputados federales de ese año.

Diputados de 2
Y los próximos diputados del Congreso local, así como los ayuntamientos, tendrán una duración de dos años. Entran en 2016 y terminan en 2018. De manera tal, la elección de presidente de la República coincidirá con la de alcaldes y congreso local.

Así pues, en Zacatecas habrá elecciones cada tres años y no, como ahora, cada dos.

Los más pobres
Difícilmente podría saberse cuál de los 58 municipios del estado es el más endeudado. Ojocaliente, Loreto, Río Grande, Tlaltenango, de Iván Husain Vitar, Eduardo Flores, Constantino Castañeda y Martín del Real estarían entre los de menor viabilidad.

Zacatecas y Guadalupe, de Carlos Peña y Roberto Luévano, esperan los préstamos de 150 y 180 millones para salir de aprietos.
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