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Legislatura rechaza controversia 
Francisco Gabriel Reynoso Torres 29-06-2014 23:25 hrs

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“El respeto a los derechos de los trabajadores es un requisito indispensable para la democracia. Ignorarlos o conculcarlos es caer en un estado autoritario”.

Con esos argumentos, la 61 Legislatura rechazó los argumentos que esgrimió la Coordinación Jurídica de la Presidencia de la República para promover una controversia constitucional contra la Ley de Educación de Zacatecas, recién promulgada por el Ejecutivo estatal.

La Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por la diputada priísta, Érica Velázquez Vacio, presentará al pleno, hoy en la última sesión del Congreso, la respuesta que dan el Legislativo y el Ejecutivo de Zacatecas a la controversia constitucional que promovió la Presidencia de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Explica la legisladora que Alfonso Humberto Castillejos, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, plantea que se declare la invalidez de los artículos 9, 12, 13 y 67 de la Ley de Educación de Zacatecas.

Alega que el artículo 9 “reconoce derechos laborales que no son aplicables al servicio profesional docente. Viola los artículos 3 y 73 de la Constitución de México”.

La 61 Legislatura revira: “Los artículos 14 y 16 de la propia Constitución advierten que ninguna ley puede tener efectos retroactivos. Y que nadie puede ser despojado de su derecho a un debido proceso”.

Érica Velázquez advierte: “Estos artículos marcan diferencia entre un estado democrático y uno autoritario. El respeto ha sido requisito de nuestra democracia. Sería contraproducente alguna transgresión a estos derechos, en este caso a los adquiridos bajo la vigencia de una ley anterior".

“No le corresponde”
Para la consejería jurídica federal, “la 61 Legislatura hizo uso de una potestad jurídica que no le corresponde”.

Por lo que hace al artículo 12 de la Ley de Educación, la Presidencia de la República alega que contempla una “extensión indebida del beneficio de readscripción al no aprobar las evaluaciones”.

Textualmente el artículo dice: Quedan a salvo los derechos adquiridos del personal que se encuentre en servicio y cuente con nombramiento definitivo en función de docencia. Quienes no pasen la evaluación serán readscritos por la Seduzac en la misma escuela, en el mismo municipio o en el más cercano al domicilio del maestro.

Dice Velázquez que el Ejecutivo Federal “cometió un error de lectura”. Y afirma que las facultades de readscripción no le fueron otorgadas al Instituto de Evaluación. Por tanto, los gobiernos estatales deben ejercer derechos que no estén asignados.

A juicio de la Presidencia de la República, los artículos 13 y 67 de la Ley de Educación de Zacatecas violan los artículos 3, 73 y 124 de la Constitución de la República.

“Invaden la atribución exclusiva del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación para expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas para las funciones de evaluación”, dice la consejería del Ejecutivo federal.

Explica la diputada Velázquez que en la misma Ley General del Servicio Profesional Docente se reconocen los derechos del magisterio para exigir una revisión.
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