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Ley de Víctimas y Derechos Humanos 
Arnulfo Joel Correa Chacón 11-06-2014 21:00 hrs

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Se dice que el uso del poder y la fuerza, en ocasiones el exceso y hasta el abuso, son quizá elementos propios de la especie humana, o tal vez de la convivencia de todo grupo social.

Las diferencias de vivir en sociedad están registradas desde tiempos remotos, no existe a lo largo de la historia de la humanidad una etapa en la que no se hayan presentado disputas, ya sea por el acceso, la conducción o el simple ejercicio del poder público y privado en todas sus formas.

Tratándose de la seguridad que el Estado debe otorgar a los ciudadanos, se vuelve un tema mucho más complejo.

Sociológicamente la acumulación de riqueza es otro de los factores a considerar.

Los problemas de seguridad que actualmente vivimos están relacionados con ese elemento, las bandas delictivas buscan no solo acumular riqueza sino poder.

El combate a la delincuencia genera víctimas, ya sea directa o indirecta.

El término daños colaterales en fechas recientes, es una forma de contabilizar aquello que se presenta sin que hubiera justificación para lo que acontece.

En esta lucha del Estado mexicano contra las bandas delictivas, cuando resultan afectados terceros ajenos a ella, y sobre todo cuando son cometidos por servidores públicos, el Estado se ve obligado a dar una explicación, y a reparar los daños de conformidad con la normatividad internacional, nacional y desde luego conforme al reclamo de los gobernados.

En un Estado que se rige por leyes, el gobierno está obligado a reparar los daños que provoquen sus funcionarios, es decir, ya no basta con denunciar los delitos cometidos por el funcionario público y registrarlos como un dato más, sino que se hace necesario asistir, apoyar, indemnizar y sobre todo reintegrar a la sociedad a las víctimas del delito en su vida normal.

A partir del año 2000 con la reforma constitucional al Artículo 20, se detonó la atención a las víctimas u ofendidos del delito, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado a impulsar políticas públicas de carácter nacional, para responder a esta novedosa obligación constitucional.

En el ámbito local, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, creó en el año 2001, una red denominada Red de Atención a Víctimas del Delito, en la que actualmente participan 30 instituciones federales y estatales, ayuntamientos y organismos descentralizados.

Debemos entender que este sector de la población, ha sido por ese solo hecho, estigmatizado, arrinconado y junto con la sociedad, despojados de los espacios privados y públicos de convivencia.

Nada hay más infeliz para la ciudadanía que vivir en la zozobra del temor y en la psicosis colectiva que se convierte en un problema de salud pública.

Fallar en ello es fallar en todo. Recuperar la seguridad, la convivencia, el libre tránsito, devolver la salud emocional y restituir a las víctimas u ofendidos en su patrimonio, a su estatus original, es un deber jurídico y moral del Estado, un acto de solidaridad intrínseco con la convivencia más humana.
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