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Los niños en las manifestaciones públicas
Arnulfo Joel Correa Chacón 24-09-2014 21:30 hrs

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Liga Corta




El pasado 9 de julio se registró un enfrentamiento entre los policías preventivos del estado de Puebla y los habitantes de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, municipio de Ocoyucan, Puebla.

Motivó la Recomendación 2VG/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dirigida al gobierno de Puebla, por comprobarse graves violaciones a los derechos humanos atribuibles a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, al resultar evidentes las transgresiones a los derechos a la vida y la libertad de reunión y en consecuencia, a los derechos a la seguridad e integridad personal, legalidad, seguridad jurídica y trato digno; asimismo, al derecho a la verdad, a la información y a todos aquellos derechos que el orden jurídico mexicano reconoce a las personas en calidad de víctimas del delito y del abuso del poder.

La investigación de la CNDH, determinó que en este enfrentamiento, perdió la vida un niño de 13 años de edad, nueve personas resultaron lesionadas, entre ellas, dos menores de edad, 49 elementos policiales presentaron lesiones, cuatro ciudadanos fueron detenidos y posteriormente liberados y otras personas más que por encontrarse en el lugar, estuvieron en riesgo ante los actos de violencia.

De este resultado, podemos entender que los elementos policiales se encontraban cumpliendo con su función, que son riesgos inherentes a su actividad laboral, podemos entender también que los ciudadanos detenidos participaron de alguna manera más activamente en la manifestación y que las personas que por diversas circunstancias se encontraban en el lugar, fueron víctimas indirectas.
Pero qué pasa con los niños, por qué motivo estaban expuestos a una situación tan extrema, quién lo permitió o los descuidó.

Esta situación trascendió el interés de la entidad federativa por la especial gravedad del caso e incidió fuertemente en la opinión pública nacional generando diversas reacciones, entre ellas, la de Eugenia del Carmen Diez Hidalgo, presidenta de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C., que manifestó su preocupación e hizo un fuerte llamado a la sociedad, a quienes organizan estas protestas, a los servidores públicos, a las autoridades de gobierno hasta el más alto grado, para no utilizar a los niños como “escudos humanos”, al señalar que jamás deben ir al frente de una manifestación, especialmente si se considera que pudieran ocurrir actos agresivos.

El derecho a manifestarse es un derecho plenamente reconocido, pero siempre se debe cuidar la integridad de los menores, es decir, el interés superior del niño debe prevalecer ante cualquier otro.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo establece así, en el artículo 4, párrafo 10: “...en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”.

Se requiere de un verdadero análisis una iniciativa de ley donde se promueve la prohibición de la participación de niños en manifestaciones públicas.

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
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