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Prevén regular gastos en los ayuntamientos
Francisco Gabriel Reynoso Torres 14-01-2014 20:30 hrs

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Liga Corta




El gobernador Miguel Alonso envió al Congreso local una iniciativa para reformar la Constitución del estado y otorgar facultades al Poder Legislativo para imponer reglas rigurosas de disciplina financiera y de control al gasto público en los municipios que, ante su excesivo gasto en nómina y servicios personales, han recurrido al excesivo endeudamiento.

La iniciativa añadiría la fracción 16 al artículo 65 de la Constitución. Diría el párrafo respecto a la atribución del Poder Legislativo: “Emitir disposiciones tendientes a fortalecer la disciplina financiera”.

Hecha la enmienda constitucional, se dispondrían leyes secundarias para determinar “reglas, órdenes, disciplina y austeridad presupuestaria que mejoren la calidad en la aplicación del gasto público y en su correspondiente rendición de cuentas”.

En el documento, el gobernador destaca que Zacatecas detenta un promedio de 1.4% de los ingresos nacionales. Destaca que es agobiante la escasez de recursos públicos para satisfacer la demanda ciudadana.

Y enfatiza en la necesidad de garantizar que la aplicación de recursos se haga bajo los principios de la Constitución: eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honestidad.

Miguel Alonso cita que en el pasado reciente las administraciones financieras de la hacienda municipal acusaron gravísimas dificultades. Apenas podían sostener la operatividad de los servicios básicos.

“El gasto corriente, subraya el gobernador, relativo a los servicios personales, generales y materiales y suministros, avanza peligrosamente hasta anular la disponibilidad de recursos orientados al gasto de inversión.

“En estas circunstancias, añade, un gran número de ayuntamientos del estado han encontrado en el endeudamiento la solución coyuntural a sus déficits financieros. Y esto puede resultar inconveniente para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas”.

En ese escenario, el mandatario expone en su iniciativa la imperiosa necesidad de reformar la Constitución para que el Poder Legislativo construya una normatividad adecuada y racional que garantice un uso eficaz, eficiente, honesto y austero de los recursos públicos.
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