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¿Testigo protegido?
Ricardo Gómez Moreno 25-02-2014 22:00 hrs

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Liga Corta




La captura del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera da pie a muchos y distintos comentarios. Van desde los que afirman que México restablecerá la paz y la seguridad hasta los que se burlan del hecho o aseguran que el detenido no es el verdadero Chapo.

Lo cierto es que la investigación y resultados que deberán derivarse de la captura nos dirán cuál es la realidad. Hay una inmensa fortuna -mil millones de dólares, según la revista Forbes- que deberá ser ubicada y confiscada. Lo menos que ahora puede exigírsele a las autoridades judiciales es una actuación con absoluta claridad.

No solo por lo cuantioso de esa riqueza, sino porque el gobierno mexicano tiene ahora la mejor oportunidad de demostrar transparencia, apego a la legalidad y rigor en la aplicación de la ley. Si así actúa, podría rehacerse la desconfianza en la que hoy naufragan las instituciones del Estado.

Una señal positiva sería que se abriera una profunda investigación y hacer públicos nombres de funcionarios judiciales, jefes policiacos, comandantes militares, políticos, diputados o senadores y hasta de gobernantes que de forma directa o indirecta le dieron protección o lo toleraron.

Igualmente, deberán surgir identidades de empresas financiadas con narcodólares o de casas de cambio dedicadas al lavado de dinero y de empresarios cómplices, que deben ser muchos.

Es triste reconocer que si Guzmán Loera fue “el hombre más buscado del mundo” durante los 13 años que duró su fuga, también es cierto que fue el hombre más eficientemente protegido del mundo, porque ninguna policía, incluidas las todopoderosas DEA, FBI o Interpol, que activa y hasta ilegalmente colaboraron con México, lograron capturarlo.

Más fácil fue para Estados Unidos en 13 años derrocar gobiernos democráticos, convulsionar países, desatar guerras intestinas con miles de muertos, que, junto con México, echarle el guante al “enemigo público número uno”.

Ahora genera suspicacias que Joaquín Guzmán Loera haya sido detenido antes de tres días desde la reunión entre Barack Obama y Enrique Peña Nieto y que la detención primero se informó en Washington y horas después, cuando en México ya se conocía esa información divulgada por fuentes estadounidenses, fue oficializada por el gobierno.

Si la Procuraduría General de la República logra convertirlo en testigo protegido, como al parecer se intenta, el presunto responsable de la muerte de unas 3 mil personas tendría hasta la oportunidad de cambiar de identidad. La condición es que revele quiénes fueron los funcionarios públicos y empresarios que actuaron como sus cómplices o socios.

No sería prudente que esa información la poseyeran solo las autoridades policiacas, el Ejército o la Marina, porque habría riesgo de que fuera manipulada y manejada con intenciones políticas. Una comisión multipartita deberá crearse para que México conozca la verdad.
 
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