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El Runrún
Ya chole con la Chole 
Francisco Gabriel Reynoso Torres 30-09-2014 23:06 hrs

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Liga Corta




“Ya chole con la Chole”, claman diputados del PRI. Dicen que La Periquita de Ricardo Monreal, además de injuriosa, resulta sosa y aburrida. Otra vez se lanzó en contra del gobernador Miguel Alonso, ahora porque, según ella, gana más que el presidente Enrique Peña. Empero -insisten los pupilos de Rafael Gutiérrez- la diputada de Movimiento Ciudadano es soporífera, lela y antipática.

Muy chistosito 
Para despotricar contra el gobierno de MAR  -dicen diputados del PRI- José Luis Figueroa al menos es gracioso. Sus discursos, como sacados de la KGB, resultan amenos, aunque no con la comicidad excelsa de los del perredista Juan Mendoza. Los de Chole Luévano -reiteran- son anodinos y fastidiosos. Chole se queja -destacan- de que Alonso gana mucho dinero. Pero no dice ni pío de los 200 mil pesos que ella recibe de la Legislatura.

Negocio forestal 
Corre en lenguas que el exdelegado de la Profepa, Antonio Martínez Zaragoza y Julio César Nava, delegado de la Semarnat, quieren formar una sociedad empresarial. Se dedicarían -adelantan los enterados- a vender árboles, de todos tamaños y especies. Para la temporada navideña, a la vuelta de la esquina, ya tendrían una buena reserva de pinos para satisfacer las necesidades del mercado en los 58 municipios.

Dos manotazos 
Pepe Olvera demostró que tiene la mano pesada. El presidente del PRI estatal logró que la disidencia del Movimiento Territorial: Gabriela Guerrero, Gisela Andrade, Óscar González y Ricardo Medina, e incluso Alfredo Barajas, se disciplinaran. Y no solo que se hicieran a un lado, sino que le levantaran el brazo y echaran vivas a Navidad Rayas. Antenoche los inconformes decían que defenderían sus derechos partidistas como José López Portillo al peso: como perros. Con dos manotazos los arreglaron. 
  
Libres como pájaros 
El 23 Tribunal de Circuito puso los clavos que faltaban en los ataúdes del procurador Arturo Nahle y el secretario de la Función Pública, Guillermo Huizar. En sentencia definitiva -ya no hay otras instancias ni adonde hacerse- exoneró a Salvador Salado y Miguel Guzmán de los delitos que les imputaba el Ministerio Público, como coacusados del oficial mayor en el sexenio de Amalia García, Eduardo Ruiz Fierro.
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La misma ruta 
Salado y Guzmán eran funcionarios de la Oficialía Mayor. De las compras irregulares y a precios inflados que hizo Fierro la procuraduría los embarró. Pero se beneficiaron con las derrotas que infligieron Amalia y Ruiz Fierro a Nahle y Huizar -les tiraron al basurero las leyes de Responsabilidades y Adquisiciones-. Ambos, de la mano del abogado Alberto Gaytán, siguieron la misma ruta jurídica que la exgobernadora. Ayer quedaron limpios de polvo y paja.

Daño moral 
Dícese en corrillos de tribunales y juzgados que Ruiz Fierro, Salvador Salado, Miguel Guzmán y el abogadazo Gaytán se preparan para demandar al gobierno de Miguel Alonso por daño moral. La querella sería vía civil para exigir diferentes sumas de dinero al Ejecutivo, que los exhibió públicamente como delincuentes, los acosó y les impidió trabajar durante cuatro años.

Agua tibia 
Lo que tenía que pasar, pasó. En la Alberca Olímpica de Guadalupe, por sus prisas y para ahorrase unos pesos, Rafael Flores compró una caldera de la pior calidad- hace días reventó. El alcalde Roberto Luévano rompió la alcancía y le corrió un hoyo más a su cinturón para comprar una caldera nueva, adecuada a las exigencias de la alberca. Antes de que lleguen los fríos -asegura Luévano- habrá agua caliente en la alberca. Por lo pronto, solo tibia.

La libró 
Por cierto, el diputado perredista y exalcalde de Guadalupe ya la libró en su cuenta pública 2012. Quién sabe qué tantos enjuagues hacen en la Comisión de Vigilancia que preside Luis Acosta que los dictámenes siguen sin salir. El de Guadalupe -trascendió- contiene resarcitorios por varios millones de pesos, pero solo para los regidores y síndica, quienes, según los fiscales de la ASE, le encajaron el diente a los salarios.

Misterio sin resolver 
En el informe por escrito que Miguel Alonso entregó al Congreso se consigna que la PGJE de Arturo Nahle cumplimentó, en 12 meses, 7 mil 500 órdenes de aprehensión. En su comparecencia, los diputados del PAN que lidera Guadalupe Medina preguntarán a Nahle dónde metió a los detenidos, porque en las cárceles no están.

Twitter: @donrunrun1
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