Zedillo y su oportunismo político desde Yale

Ernesto Zedillo reapareció para criticar al gobierno de Claudia Sheinbaum. Desde su cómoda posición en la Universidad de Yale, el probable ciudadano estadounidense acusó que México vive en un “Estado policial” y que “la democracia ha muerto”. La presidenta le respondió de inmediato, cuestionando que alguien como él pretenda erigirse en defensor de la democracia.

Es cierto que el expresidente carece de autoridad moral para dar lecciones. En 1995 su gobierno hundió económicamente al país y a millones de mexicanos gracias a uno de los fraudes más grandes de la historia universal: por medio de Fobaproa rescató a banqueros y empresarios y convirtió sus pérdidas privadas en deuda pública por más de 552 mil millones de pesos. Hipotecó a generaciones enteras en beneficio de esa élite empresarial. Hoy, después de 30 años, todos seguimos pagando esa deuda.

Su sexenio también estuvo marcado por la violencia. La matanza de Acteal, Chiapas, donde 45 indígenas fueron asesinados por paramilitares, ocurrió bajo su responsabilidad. El Ejército no ejecutó la masacre, pero su gobierno permitió la creación y operación de esos grupos armados. Tampoco impulsó una transición democrática por convicción: aceptó reformas electorales presionado por la crisis política y económica que él mismo causó con el error de diciembre de 1994.

Además del Fobaproa y de Acteal, fue responsable de un proceso de privatizaciones mal ejecutadas, diseñadas para beneficiar a unos cuantos empresarios cercanos al poder. El caso de los ferrocarriles es emblemático: concesionó las principales rutas a privados, eliminando el servicio de pasajeros y dejando sin transporte ferroviario a cientos de comunidades. Así México perdió una red pública estratégica que podría haber impulsado el desarrollo regional y reducido la dependencia de carreteras.

Hoy Zedillo intenta posicionarse como defensor de los contrapesos y de la división de poderes y habla de órganos autónomos debilitados, de una Suprema Corte amenazada, de derechos ciudadanos en riesgo. Tiene razón al decir que la desaparición de órganos como el INAI, por ejemplo, sí debilita los mecanismos de transparencia. Sin embargo, su discurso cae en el dramatismo y la exageración. México no es un “Estado policial” ni la siempre endeble democracia está “muerta”.

La presidenta, por su parte, le contestó recordando sus pecados. Mencionó el Fobaproa y Acteal. Se equivocó al atribuir al Ejército la masacre, pero esta ocurrió porque el gobierno de Zedillo fue omiso, permisivo y negligente. Sería conveniente que lo aclare cuanto antes.

También defendió la reforma judicial que heredó de Andrés Manuel López Obrador a pesar de que es evidente que se trata de un ejercicio de gatopardismo: cambiar todo para que nada cambie. Elegir jueces por voto popular no resolverá los problemas estructurales de un Poder Judicial que siempre ha sido ineficaz, ineficiente y corrupto. Solo trasladará la corrupción de las cúpulas políticas a las urnas, sin garantizar un acceso efectivo a la justicia para el ciudadano común.

México enfrenta grandes retos y necesita soluciones reales, no discursos oportunistas ni farsantes que intentan borrar su pasado. Necesita líderes dispuestos a corregir lo que otros, como Zedillo, ayudaron a descomponer.

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