Dispersión poblacional y programática

Una de las principales problemáticas que enfrenta nuestro estado para atenuar las condiciones de marginación y pobreza, ha sido la dispersión poblacional, aunado esto a una dispersión de programas estatales y federales que no empatan en padrón de beneficiados y que no empatan en objetivos de planes nacional y estatal de desarrollo.
 Por dar un ejemplo, en este sexenio federal, nace la Cruzada Nacional contra el Hambre, que también dedicó esfuerzos para ampliar el acceso a la salud y combatir el rezago educativo, se incorporaron nuevos esfuerzos institucionales y civiles que conforman hoy la Estrategia Nacional de Inclusión. 
 Dicha estrategia representa el compromiso que deben asumir los gobiernos de los estados para construir una nueva política social que aliente la coordinación, pero aún encontramos dificultades de operación. Para lograr el objetivo, en junio pasado se estableció una coordinación estrecha de dependencias del Gobierno de la República con los 32 gobernadores de las entidades, quienes firmaron el documento rector que se enfoca en identificar plenamente los indicadores de la medición de pobreza multidimensional en cada localidad.
Se trata de generar una metodología de análisis y de trabajo conjunto con las entidades, para generar un diagnóstico preciso de dónde se encuentran las familias más vulnerables y a partir de ello, generar acciones efectivas en los tres niveles de gobierno, para ser más eficaces.
El reto también consiste en evitar la dispersión de los más de 5 mil programas sociales que existen, es decir, de evitar que estos se encuentren en manos de quienes no los necesitan. 
En suma, la Estrategia Nacional de Inclusión es el esfuerzo más amplio, decidido y transparente que representa la convicción de que es posible disminuir la pobreza en nuestro país; es también un cambio de paradigma, porque lo que el Gobierno Federal está planteando es el acceso a los programas sociales como un Derecho Social y no como una actividad clientelar o asistencialista, por lo que es necesario también que los gobiernos de los estados promuevan entre la ciudadanía el conocimiento de tales derechos.

Imagen Zacatecas – Claudia Edith Anaya Mota