Opacidad y corrupción

Los primeros meses del 2018 serán testigos de dos circunstancias cruciales para el futuro del país: las elecciones presidenciales y la completa marcha del sistema nacional y los sistemas estatales anticorrupción. Nadie en su juicio puede negar que en el transcurso del sexenio del presidente Peña el país hizo reformas que le permiten gozar de … Leer más

Los primeros meses del 2018 serán testigos de dos circunstancias cruciales para el futuro del país: las elecciones presidenciales y la completa marcha del sistema nacional y los sistemas estatales anticorrupción.

Nadie en su juicio puede negar que en el transcurso del sexenio del presidente Peña el país hizo reformas que le permiten gozar de estabilidad macroeconómica que, por ejemplo, nos libraron de una debacle financiera después de las catástrofes geológicas, meteorológicas y políticas mundiales que nos azotaron y que en otros tiempos nos habrían resultado letales. También, estas reformas permiten que haya regiones de México, especialmente en el norte y el bajío, que han crecido a tasas espectaculares, comparables a las de los países del este de Asia.

Tales logros son inapreciables en la mente de los ciudadanos por dos tragedias vinculadas: el crimen y la corrupción. 

Al principio del gobierno, se restó importancia a la lucha contra el crimen organizado, pero la tasa de homicidios y la extorsión obligaron a la reconsideración. Según una encuesta regional, en 2015 el 57% de los mexicanos dijo que ellos o un familiar habían sido víctimas de delitos en el año previo. Hoy, el sistema judicial solo se resuelve una quinta parte de los asesinatos.

La corrupción es igualmente omnipresente. Cuesta a México hasta un 10% del PIB, según cifras del IMCO, el centro de investigación apartidista y sin fines de lucro que investiga y actúa para resolver los desafíos más importantes de México. De 2000 a 2017, 41 gobernadores estatales estuvieron implicados en escándalos de corrupción; solo unos pocos han sido encarcelados. Es común pensar que en México la democracia no trajo el estado de derecho.

Los efectos sociales de la corrupción están bien documentados. Políticamente representa un obstáculo para la democracia y el estado de derecho, y la corrupción cuesta a las personas libertad, salud y derechos humanos. Inseguridad y corrupción están en la vida cotidiana de los mexicanos, camino a la escuela tanto como al hacer negocios.

“El combate a la corrupción y la impunidad no es tarea de un gobierno o del Congreso. Es un esfuerzo de la Nación en su conjunto, de una sociedad que exige una transformación profunda y sustentable de la vida pública de México¬”.

En Coparmex lo comprendemos así, y por ello, junto con un grupo de instituciones, intelectuales y académicos, hemos estado promoviendo y vigilando la implementación del andamiaje de los sistemas anticorrupción federal y en los estados; y comprendemos que “una parte sustancial del combate a la corrupción está en el ámbito subregional, en los estados y municipios donde prevalecen amplios márgenes de discrecionalidad en el manejo de recursos públicos, por falta de contrapesos, controles y rendición de cuentas”.

Apreciamos que es crucial “para que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione adecuadamente, que sus magistrados deben ser figuras verdaderamente autónomas, independientes, imparciales, ajenas a cualquier conflicto de interés, e implacables contra los actos relacionados con sanciones administrativas y corrupción”, por ello nuestro interés por la correcta observancia del proceso de selección de los magistrados federales hace meses y en la que se dio ayer en el Congreso de nuestro estado. Insistentemente manifestamos nuestro deseo por conocer los criterios de selección y el proceso para su elección sin doble intención, porque en sus manos estará la delicada tarea de juzgar las responsabilidades administrativas graves cometidas por servidores públicos y particulares, así como fijar las sanciones y reparaciones que deriven de los daños y perjuicios que afecten al patrimonio público, y porque consideramos que la claridad en el proceso de su selección sería un arma para su ejercicio. El nuestro no es afán de protagonismo.

Una herramienta de la corrupción ha sido la opacidad. En Coparmex lamentamos que el Congreso del Estado se haya acogido a ella.

Imagen Zacatecas – Antonio Sánchez González