El Runrún: Gobernador y alcaldes deben pactar para evitar colapso presupuestal

La estabilidad financiera de los municipios de Zacatecas depende, más que nunca, de la capacidad de sus autoridades para alcanzar acuerdos políticos responsables con el gobernador del estado. Los casos de Zacatecas y Fresnillo son el ejemplo más claro.
Ambos ayuntamientos requerirán alrededor de 100 millones de pesos en adelantos de participaciones para cubrir compromisos de fin de año, asegurar liquidez y cumplir obligaciones patronales, pagos a proveedores y otros compromisos que cierran 2025 y abren 2026.
En Fresnillo, la secretaria de Finanzas, Santa Paz Domínguez, detalló que, aunque se prioriza el adelanto de participaciones, el Cabildo aprobó también la posibilidad de solicitar un crédito bancario de hasta 60 millones de pesos en caso de que dicho adelanto sea negado.
Esto muestra una realidad incómoda en lo político, ya que aun y cuando las participaciones no provienen del erario estatal, su adelanto depende de la voluntad política del gobernador.
Si el Ejecutivo estatal decide bloquear esa solicitud por cálculos partidistas, estaría orillando al alcalde Javier “Javo” Torres a endeudarse con la banca comercial, una decisión contraria al discurso oficial, que históricamente se declara enemigo de los préstamos bancarios. La urgencia no es financiera, es política y sin acuerdos, el costo lo pagarán los ciudadanos.
De ahí que ahora o nunca deben mostrar civilidad política y alcanzar los acuerdos necesarios para evitar el colapso financiero que ya asoma en las finanzas públicas de los municipios.

Premio estatal del Deporte exhibe miedo oficial a voz crítica
La ausencia de Ilse Ariadna Guerrero en la entrega del Premio Estatal del Deporte no fue un descuido protocolario, sino que fue una decisión política. Peor aún, es una decisión reveladora de que el gobernador David Monreal Ávila optó por no invitar a la atleta más destacada del estado, no por falta de información ni por error logístico, sino por temor a enfrentar las críticas que él mismo ayudó a sembrar.
Lo que ocurrió después —el posicionamiento público de Guerrero, duro y contundente— confirmó ese miedo. La marchista, quien hace apenas unos meses era exhibida como “orgullo del estado”, pasó súbitamente de ser la deportista consentida del régimen a convertirse en la voz más incómoda para un gobierno que no tolera cuestionamientos.
Razones no le faltan, por la falta de planeación, desaparición de apoyos, improvisación en el Instituto del Deporte y promesas rotas que se vuelven más visibles conforme el sexenio se agota.
Excluir a Ilse Guerrero del acto en el que debió recibir el Premio Estatal de Deporte y hablar ante el mandatario no evitó el desgaste político; al contrario, lo profundizó. La ausencia forzada hizo más estruendosa su denuncia sobre corrupción, discrecionalidad y abandono institucional.
Lo que se intentó silenciar terminó por evidenciarse de nueva cuenta y es que la administración de David Monreal no sólo padece torpeza operativa, sino una preocupante falta de sensibilidad y valentía política.

La UAZ enfrenta una lección definitiva sobre responsabilidad y transparencia
La cancelación del nombramiento de Rubén Ibarra Reyes en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) no puede verse sólo como un procedimiento burocrático ni como una consecuencia tardía de su destitución en la UAZ.
Es, más bien, un ajuste indispensable a las normas que rigen la vida académica nacional y un mensaje firme para todos de que la impunidad dentro de las instituciones de educación superior ya no es tolerada, sin importar rango, trayectoria o influencias.
Si bien hay voces que consideran excesiva la sanción, la propia admisión del ex rector —producto de un procedimiento penal abreviado— elimina cualquier margen para una defensa institucional creíble.
El Sistema Nacional exige integridad, y ese estándar no admite excepciones. Su exclusión por 20 años del padrón, no es un castigo desproporcionado, sino la consecuencia lógica de los hechos acreditados por la Fiscalía y por la propia Universidad.
Este episodio deja una enseñanza que nadie debe ignorar, absolutamente nadie, ya que desde la más alta autoridad hasta el último docente frente a grupo, nadie está exento de que los reglamentos se apliquen en toda su extensión. Si la UAZ aspira a ser una universidad libre de violencias, también su sindicato y su personal académico deberán asumir que los tiempos de tolerancia y privilegios han terminado.
Se respiran nuevos aires y nuevos tiempos de transparencia en la que cualquier amenaza a las estudiantes y maestras, no se puede pasar por alto y todos aquellos que transgredan las normas de conducta y convivencia, deben ser sancionados.

Runrunazos
La representación estatal de la SADER hace bien en deslindar cualquier responsabilidad sobre los centros de acopio de frijol, pues esas áreas dependen exclusivamente de la estructura que antes operaba como SEGALMEX. Pretender involucrar a la SADER en un problema que no le corresponde solo confunde y desvía la atención. Hoy, ese sistema es una bomba de tiempo que incluso llevó a engañar al propio gobernador de Zacatecas.
La delegación sindical de la Escuela Normal “Matías Ramos Santos”, denunció la detención de pagos pendientes por parte delas autoridades y lo llamó represión económica. Esto ha sido calificado como una provocación innecesaria que amenaza con despertar nuevamente al “monstruo” histórico de la inconformidad estudiantil. Mantener pagos pendientes y trabar procesos administrativos no solo es injusto, también irresponsable. Si la autoridad no corrige, detonará un conflicto que conoce bien y que nunca termina en buenos resultados.