El Runrún: Tribunal confirma inhabilitación de Enrique Flores Mendoza por abuso administrativo

El resolutivo del tribunal colegiado del vigésimo tercer circuito, confirmó la negativa de amparo al exalcalde de Guadalupe, Enrique Flores Mendoza, y ratificó su inhabilitación por siete meses y quince días para desempeñar cualquier cargo público.
La sentencia establece que, durante su gestión, utilizó recursos municipales para adquirir boletos de avión destinados a su esposa y a personas ajenas al servicio público, a través de una empresa propiedad de su suegra. Con esta resolución, Flores Mendoza deberá separarse de su actual cargo como regidor a más tardar el 8 de enero, conforme a los tiempos legales establecidos. Juan César Chávez autor intelectual de la demanda contra a Enrique regresa al escenario.

Inhabilitación que exhibe vacíos y deberes institucionales
La negativa de amparo al exalcalde de Guadalupe, Enrique Flores Mendoza, deja de ser únicamente una disputa jurídica y se convierte en una prueba directa sobre la fortaleza —o debilidad— del Ayuntamiento de Guadalupe frente al cumplimiento de la ley. El plazo es claro: a más tardar el 8 de enero del próximo año, el alcalde José Saldívar, la síndica municipal y el pleno del Cabildo deberán ejecutar la sentencia y separar a Flores Mendoza de su encargo como regidor. La advertencia del Tribunal también es explícita: de no hacerlo, las y los integrantes del Ayuntamiento podrían ser sancionados con multas de hasta 100 UMAS y, además, se podría dar vista a la Fiscalía General de Justicia para el deslinde de responsabilidades penales. En ese contexto, por “proteger” al regidor priista no sólo asumirían un costo político, sino un riesgo legal innecesario. Para el Ayuntamiento, y particularmente para José Saldívar, acatar la resolución judicial —aunque existan presiones o peticiones de favor— no los debilita, sino que equilibra la balanza y los coloca del lado de la legalidad. Este caso también envía un mensaje claro: la función pública exige consecuencias cuando se cometen actos indebidos, pues permitir que un regidor ejerza el cargo pese a una sanción firme afecta la credibilidad institucional y alimenta la percepción de impunidad. Hoy, este episodio representa una oportunidad para demostrar que la ley no es negociable y que ninguna figura política está por encima de las resoluciones jurisdiccionales. La ciudadanía observa; ahora corresponde a las autoridades cumplir.

SUTSEMOP logra primer convenio bajo liderazgo de Acevedo
La firma del primer Convenio de Prestaciones Laborales entre el Órgano de Administración Judicial y el SUTSEMOP marca un acontecimiento que trasciende lo administrativo: representa un punto de inflexión en la vida laboral del personal sindicalizado del Poder Judicial.
Más allá del acto protocolario, el acuerdo refleja la capacidad de diálogo y negociación que, en esta ocasión, tomó forma gracias al liderazgo del secretario general del SUTSEMOP, Carlos Acevedo, quien logra así su primer gran avance desde que inició su gestión.
Acevedo no sólo acompañó el proceso; lo condujo con una idea de justicia laboral y corresponsabilidad institucional.
El incremento salarial del 5 por ciento, la continuidad de estímulos por antigüedad, las becas para hijas e hijos de trabajadores y el aumento al bono de despensa son conquistas que no surgen por generación espontánea, sino del compromiso por atender necesidades reales de quienes sostienen el funcionamiento diario de la impartición de justicia.
Este convenio también envía un mensaje de que cuando existe voluntad política e interlocución efectiva, los resultados son posibles. En este sentido, Acevedo demuestra que la dirigencia sindical puede y debe ser un puente funcional entre la base trabajadora y las autoridades. Su capacidad para alcanzar acuerdos abre un horizonte alentador para futuras gestiones y fortalece la certeza laboral dentro del Poder Judicial. Por otro lado se ve que Carlos Villegas es un líder comprometido con sus compañeros porque pese a todos los cambios que a sufrido el Poder en los últimos meses buscó garantizar los derechos de los trabajadores con quienes por años a compartido escritorio.

Crecen problemas educativos sin soluciones reales
Los problemas del sector educativo en Zacatecas parecen que siguen pese al inminente cierre del ciclo escolar. En instituciones como las Universidades Politécnicas de Fresnillo y Juchipila, así como en la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas, persiste la incertidumbre debido a la ausencia del convenio marco entre el Gobierno del Estado y la Federación.
Ese documento, indispensable para regularizar los compromisos financieros y garantizar el soporte presupuestal, sigue sin firmarse, y todo apunta a que el principal obstáculo es la falta del recurso correspondiente al pari passu por parte de la Secretaría de Educación.
Esta “pendiente” mantiene a las instituciones en una situación frágil, limitando su capacidad operativa y comprometiendo la estabilidad laboral de su personal. Entre los temas financieros que se atendieron este martes en la Ciudad de México no estuvieron estas instituciones, únicamente educación básica.

Runrunazos
Este martes seguirá el paro de labores en el Campus UAZ Siglo XXI y se mantienen detenidas las actividades que no permiten que concluya el semestre tal y como está considerado. La maestra Dulce María Flores se mantiene en la exigencia de que se le asigne la carga de trabajo de medio tiempo en el licenciatura en Educación Física y en el Departamento de Actividades Físicas. Este conflicto no terminará pronto, porque si se culpen las expectativas de su demanda laboral, al día siguiente tomarán los alumnos de la LICUFIDE, porque no quieren que la maestra siga en su planta docente. El paro seguirá por una u otra razón.