La nueva Ley General de Aguas: una oportunidad para modernizar la gestión hídrica

La discusión sobre una nueva Ley General de Aguas llega en un momento en el que la disponibilidad y el uso sostenible del recurso se han convertido en temas prioritarios para el país. Las variaciones climáticas, el crecimiento demográfico y las demandas crecientes de los sectores productivos han hecho evidente la necesidad de contar con un marco jurídico actualizado (en sustitución de la ley de 1992), capaz de orientar la gestión hídrica hacia criterios de eficiencia, prevención y seguridad hídrica para las próximas décadas.

La iniciativa presentada en el Congreso busca responder a este desafío mediante una reorganización integral de la gobernanza del agua. Entre sus ejes centrales destaca el fortalecimiento de los mecanismos de planeación y supervisión, con el objetivo de mejorar la administración del recurso en cuencas, acuíferos y sistemas urbanos. Este enfoque pretende brindar mayor claridad en las competencias de cada autoridad y asegurar procedimientos más “parejos” en la asignación, el monitoreo y el uso del agua a nivel nacional.

Otro componente interesante es la incorporación de procesos de participación social y transparencia. La iniciativa contempla la creación de espacios para que usuarios, especialistas y comunidades puedan aportar información y observaciones en torno a proyectos y decisiones estratégicas. Si estos mecanismos se consolidan adecuadamente, podrían favorecer un intercambio técnico más amplio y fortalecer la confianza pública en la gestión del agua.

La propuesta también enfatiza el derecho humano al agua, buscando establecer estándares mínimos de calidad, cantidad y accesibilidad. Este principio ha adquirido creciente relevancia en la agenda internacional y su inclusión en la legislación mexicana representa un paso importante hacia políticas hídricas más centradas en las personas. Para su efectividad, se requerirá impulsar inversiones sostenidas en infraestructura de abastecimiento, saneamiento y tratamiento.

Asimismo, la ley plantea la necesidad de mejorar la coordinación entre los tres niveles de gobierno, con el fin de asegurar que la política hídrica avance bajo criterios de coherencia y continuidad. En un país con realidades hídricas tan diversas, este tipo de articulación resulta esencial para que las decisiones reflejen tanto las condiciones regionales como los objetivos nacionales.

En conjunto, la nueva Ley General de Aguas representa una oportunidad para modernizar el sistema hídrico mexicano y avanzar hacia un modelo de gestión más ordenado, participativo y sostenible. El reto, hacia adelante, será acompañar la reforma normativa con capacidad técnica, recursos y una implementación gradual que permita traducir sus objetivos en beneficios tangibles para la población.