
Jaime Casas Madero
Este tipo de reformas no es un capricho ni una rareza local, ya que en prácticamente todos los países del mundo se recaban y utilizan datos personales.
El Congreso de la Unión concluyó recientemente un periodo legislativo extraordinario que reunió tanto al Senado de la República como a la Cámara de Diputados en sesiones intensas, con el objetivo de discutir y aprobar una serie de reformas consideradas prioritarias para el país. En un lapso de pocos días, se celebraron múltiples sesiones que dieron lugar a la aprobación de diversos cambios legislativos, centrados en temas de seguridad, justicia, telecomunicaciones, medio ambiente y modernización administrativa.
Entre las más relevantes se aprobó una reforma en materia de desaparición de personas, en la que se establece la CURP biométrica como elemento central de un sistema de identificación que integrara datos personales y biométricos. Esto, con el propósito de agilizar la búsqueda de personas desparecidas. Y por supuesto que las reacciones han sido inmediatas.
Desde la oposición, se han lanzado advertencias sobre un posible retroceso en derechos y libertades, al instaurar un “sistema de vigilancia masiva en el país”. Pero más allá del ruido político, vale la pena hacer una reflexión serena: ¿es realmente una amenaza, o es una medida que México necesitaba adoptar para estar a la altura de los desafíos de la era digital?
Lo cierto es que este tipo de reformas no es un capricho ni una rareza local, ya que en prácticamente todos los países del mundo se recaban y utilizan datos personales —incluidos biométricos— con fines de identificación, seguridad y prevención de delitos. Quienes han viajado al extranjero lo saben bien: al ingresar a Estados Unidos, a la Unión Europea o a países asiáticos, es común que nos tomen huellas, fotografía e incluso escaneos faciales. Esta información se almacena en bases de datos gubernamentales bajo marcos legales que garantizan su uso legítimo y supervisado. México no puede permanecer al margen de esta tendencia global.
Esta nueva reforma, lejos de buscar vulnerar derechos, establece reglas claras sobre cómo, cuándo y para qué pueden utilizarse nuestros datos personales en el ámbito de la seguridad. Es una respuesta necesaria a fenómenos como el crimen organizado, el terrorismo y la ciberdelincuencia, que requieren herramientas modernas de control e inteligencia. En este contexto, el uso de datos biométricos puede marcar la diferencia entre prevenir un delito o lamentarlo después.
Desde luego, no se trata de otorgar un cheque en blanco al Estado. La preocupación social por el mal uso de la información personal es legítima y saludable. Por eso, la legislación debe ir acompañada de fuertes mecanismos de supervisión, transparencia y protección.
La tecnología no es enemiga de los derechos humanos. Al contrario: bien regulada, puede fortalecerlos. Vivimos en una época en la que los datos son parte central de nuestra identidad, de nuestras relaciones y de nuestra seguridad. Es lógico y necesario que el Estado los regule con criterios técnicos, jurídicos y éticos.
Más que temerle a este tipo de leyes, debemos exigir que se implementen con responsabilidad. No podemos quedarnos en la lógica del “todo o nada”, como si proteger nuestra privacidad significara rechazar cualquier avance tecnológico. La clave está en encontrar el equilibrio entre libertad y seguridad, entre innovación y protección.
Hoy México da un paso hacia ese equilibrio. Es cierto que aún quedan retos: asegurar la capacidad institucional, blindar las bases de datos, garantizar el consentimiento informado y sancionar cualquier abuso. Pero lo importante es que se ha abierto una ruta legal que nos acerca a los estándares internacionales y reconoce que, en la era digital, proteger los datos es también protegernos a nosotros mismos.