El próximo periodo legislativo y la deuda pendiente del parlamento abierto

Julieta del Río

El próximo periodo legislativo, que inicia el 1 de febrero, llegará acompañado de una agenda cargada de reformas de alto interés ciudadano. Se trata de cambios legales que impactarán de manera directa la vida cotidiana de millones de personas y que, por su relevancia, deberían discutirse mediante un verdadero ejercicio de parlamento abierto.

A lo largo de 2025, diversas reformas se aprobaron bajo el argumento de haber escuchado a distintos actores. Es cierto que en algunos casos se realizaron foros y mesas de diálogo, con la participación de especialistas, organizaciones y sectores involucrados. Sin embargo, también es verdad que, al final del proceso, muchas de esas opiniones no se reflejaron en los dictámenes finales, lo que generó reclamos, desánimo y una percepción de simulación más que de apertura real.

El parlamento abierto no se limita a escuchar voces; implica incorporar argumentos técnicos, evidencia y propuestas especializadas para mejorar las leyes. De lo contrario, se convierte en un ejercicio meramente testimonial. Y los temas que están por discutirse exigen mucho más que eso.

En la agenda laboral de 2026, por ejemplo, se prevén diversos cambios a la Ley Federal del Trabajo. Entre ellos se encuentran el reconocimiento de derechos vinculados a la salud mental; permisos y días por situaciones que impidan al trabajador asistir a sus labores; el acceso al agua potable en los centros de trabajo; y la posibilidad de contar con días para atender necesidades personales o familiares urgentes, entre otros. Todos estos puntos ameritan un debate serio, informado y sustentado.

Otro tema central será la jornada laboral y el proyecto para la reducción gradual de 48 a 40 horas. Se trata de una discusión que requiere escuchar a trabajadores, empresarios, economistas y especialistas en productividad, con el fin de evitar decisiones improvisadas y construir consensos viables.

En materia de justicia, uno de los debates más sensibles será el relativo a las reformas, adiciones y derogaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, particularmente la propuesta conocida como la “Ley de jueces sin rostro”. Esta iniciativa ha generado preocupaciones legítimas en torno al debido proceso, los derechos humanos y el acceso a la justicia, por lo que exige una deliberación amplia, técnica y transparente.

A ello se suma una de las discusiones más relevantes del periodo: la reforma electoral, un tema que siempre despierta tensiones políticas, pero que debe abordarse con responsabilidad democrática y visión de largo plazo.

El reto del próximo periodo legislativo no es menor. Existen múltiples reformas en puerta que requieren un parlamento abierto auténtico, con la participación de académicos, empresarios, estudiantes, especialistas, trabajadores y sociedad civil organizada. Pero, sobre todo, requieren voluntad política para que esas opiniones se reflejen en las decisiones finales.

Ojalá que esta vez el parlamento abierto no sea solo un recurso discursivo, sino una herramienta real para construir leyes más justas, más técnicas y más cercanas a la ciudadanía.

@julietdelrio