Julieta del Río

Inicia el periodo extraordinario exprés para discutir ajustes a la reforma judicial. Las dificultades operativas, legales y presupuestales han obligado a replantear los tiempos de una elección que originalmente proyectada para 2027, junto con otros comicios federales y estatales.

Sin embargo, el problema de fondo va mucho más allá de un cambio de fechas. Una transformación de esta magnitud no puede construirse sobre la improvisación. Ya ocurrió en el proceso anterior y hoy observamos sus consecuencias. Elegir a quienes tendrán en sus manos la libertad, el patrimonio y los derechos de millones de personas exige mucho más que campañas o propaganda.

Uno de los aspectos más delicados es la posibilidad de que jueces y magistrados en funciones puedan reelegirse sin mecanismos claros de evaluación.

Si realmente se busca fortalecer al Poder Judicial, deben establecerse criterios objetivos para revisar el desempeño de quienes aspiren a permanecer en el cargo. La calidad de sus resoluciones, el respeto a los derechos humanos, sus antecedentes disciplinarios y la ausencia de señalamientos por corrupción deberían ser elementos indispensables de evaluación.

Esto cobra especial relevancia porque un juez se forma durante años para interpretar leyes, resolver conflictos complejos y actuar con autonomía frente a presiones políticas o económicas. Por ello preocupa que se minimice la importancia de la carrera judicial, la capacitación continua y los mecanismos de evaluación profesional.

Precisamente por ello, el debate sobre las modificaciones a la reforma ha generado más preguntas que respuestas. Por un lado, se nos quiere hacer ver que se reconocen los errores del proceso anterior y que, por esa razón, ahora se busca corregir el rumbo; sin embargo, todavía no queda claro cuál es el verdadero alcance de los cambios ni cuáles son las razones de fondo que los motivan.

A ello se suma el enorme desafío de organizar campañas judiciales, establecer reglas de fiscalización y garantizar condiciones equitativas para las personas aspirantes. Si el proceso se desarrolla sin una planeación adecuada, generará más dudas. La difusión masiva de los llamados “acordeones” durante la elección pasada ya puso en entredicho la autenticidad del ejercicio democrático.

Las lecciones tampoco deben ignorarse: desorganización, incertidumbre, cuestionamientos sobre algunos perfiles y una baja participación ciudadana. Para elegir miles de cargos judiciales federales y locales acudió a votar apenas una pequeña parte del padrón electoral, lo que evidenció el limitado involucramiento social en un proceso trascendental.

La reforma judicial podría representar una oportunidad para corregir errores y acercar la justicia a la ciudadanía. México necesita jueces cercanos a la gente, preparados, éticos e independientes. Porque una mala decisión judicial impacta directamente la vida de las personas. Lo que está en juego es la confianza de la sociedad en la impartición de justicia.

Pero la reforma judicial no será el único tema que se discutirá durante este periodo. También se analizará la creación de una comisión para verificar la “integridad” de las personas candidatas y otra para anular elecciones en casos de presunta injerencia extranjera.

Ambas propuestas merecen una revisión cuidadosa. En el caso de la comisión encargada de evaluar la integridad de las candidaturas, la propia presidenta del INE ha expresado reservas. Ha señalado que la autoridad electoral no es ministerio público ni corporación policial, por lo que carece de facultades para realizar investigaciones de esa naturaleza. Y tiene razón.

Por otro lado, la propuesta relacionada con la injerencia extranjera deja abiertas numerosas interrogantes. Habrá que conocer el contenido específico de la iniciativa para entender a qué se refiere exactamente con conceptos como “injerencia” o “intervención extranjera”.

La preocupación es que, si los criterios no quedan claramente definidos, se abra la puerta a interpretaciones discrecionales. El día de mañana, un partido inconforme con los resultados podría intentar argumentar cualquier tipo de influencia externa para impugnar o incluso buscar la nulidad de una elección. Por eso, más que buenas intenciones, se requieren reglas claras, precisas y plenamente compatibles con los principios democráticos. Ojo.

@julietdelrio