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Julieta del Río | Foto: Cortesía.
La excomisionada del INAI sostuvo que toda reserva de información debe estar plenamente fundada, motivada y sustentada en una prueba de daño.
“Ante la reserva de información en asuntos de alto interés público, la transparencia debe seguir siendo la regla y la reserva la excepción”, afirmó Julieta del Río Venegas, excomisionada del INAI y especialista en la materia. Señaló que cualquier restricción al acceso a la información debe apegarse estrictamente a la ley y no convertirse en un mecanismo de opacidad.
La transparencia debe prevalecer
Recordó que el artículo 6° constitucional reconoce el acceso a la información como un derecho humano y consagra el principio de máxima publicidad, por lo que la clasificación de información solo procede de manera excepcional, cuando exista una prueba de daño debidamente fundada y motivada.
Del Río explicó que, en casos recientes de alto interés público, tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de Relaciones Exteriores invocaron causales legales para reservar información; sin embargo, enfatizó que la sola existencia de una investigación o de comunicaciones diplomáticas protegidas no basta para negar el acceso a expedientes completos. La autoridad, dijo, debe demostrar de manera concreta el daño que ocasionaría la divulgación y la proporcionalidad de la medida.
Versiones públicas y precedentes
La especialista destacó el papel de los Comités de Transparencia en la revisión de cada determinación de reserva y subrayó que las versiones públicas permiten conciliar la protección de las investigaciones con el derecho de acceso a la información.
Asimismo, recordó que la ley impide clasificar de manera absoluta información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, delitos de lesa humanidad, actos de corrupción o el ejercicio de recursos públicos. Citó como antecedente las resoluciones emitidas en el caso Odebrecht, las cuales ordenaron la entrega de versiones públicas de diversos documentos ministeriales, reservando únicamente los datos cuya difusión implicara un daño acreditado.
Finalmente, Del Río reiteró que la transparencia fortalece la confianza ciudadana y legitima la actuación de las instituciones, al garantizar que las decisiones públicas se encuentren debidamente sustentadas y sujetas al escrutinio social.
