Ésta semana tocaré el tema de una efeméride que me parece de enorme trascendencia y que, en medio del ruido mundialista, ha pasado casi desapercibida para muchos. El 24 de junio de 2026, día de San Juan, se cumplen exactamente 500 años desde que se celebró el primer festejo taurino en territorio mexicano. Cinco siglos. No es una cifra menor. Es la mitad de un milenio de historia viva que merece ser discutida con seriedad, con respeto y, sobre todo, con honestidad.

La conmemoración de los 500 años de la tauromaquia en México toma como referencia histórica el suceso documentado en la Quinta carta de relación de Hernán Cortés, fechada el 3 de septiembre de 1526, en la que se relata que el 24 de junio, Día de San Juan, “se corrieron ciertos toros y hubo regocijos de cañas y otras fiestas.” Desde ese primer festejo, la tauromaquia no fue impuesta de manera ajena a la sociedad mexicana: fue adoptada, transformada y hecha propia por las comunidades que la integraron a su vida cotidiana, a sus fiestas patronales, a su economía rural y a su identidad regional.

A lo largo de cinco siglos, la tauromaquia se consolidó como expresión cultural compleja, mestiza y viva, resultado del encuentro de tradiciones europeas con cosmovisiones indígenas. No es un espectáculo importado que persiste por inercia. Es una expresión que sobrevivió imperios, guerras, revoluciones y modernidades precisamente porque encontró un arraigo genuino en el pueblo mexicano.

Más allá del debate cultural, hay una realidad económica y social que no puede ignorarse. Al cierre de 2025, la tauromaquia en México registró más de 4,700 festejos anuales con presencia en 1,140 municipios, generando un impacto económico superior a 9,000 millones de pesos, cifras que hablan de empleos reales: ganaderos, toreros, subalternos, mozos de espada, veterinarios, costureros de trajes de luces, transportistas y vendedores en las plazas entre muchos otros.

Otro dato a considerar es que más del 50% de las ganaderías de toros de lidia se encuentran en municipios de alta marginación, lo que significa que la tauromaquia es, en muchas comunidades rurales, una de las pocas actividades que genera empleo formal, arraigo territorial y vida comunitaria. Hablar de prohibirla sin ofrecer una alternativa económica real para esas familias es, como mínimo, una postura incompleta. La tauromaquia está además reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial en ocho estados y más de 100 municipios del país.

No podemos dejar de ver la presión antitaurina que al parecer nace cuando la política pesa más que la congruencia. Aquí es donde tengo que ser muy directo, porque creo que esta es la parte del debate que más incomoda a quienes toman las decisiones pero que la sociedad tiene todo el derecho de escuchar.

El Congreso de la Ciudad de México por ejemplo, aprobó por 61 votos a la prohibición de las corridas de toros tradicionales en la capital, eliminando la posibilidad de herir o matar a los toros durante los eventos, permitiendo únicamente el uso del capote y la muleta con una duración máxima de diez minutos por toro. La Ciudad de México se convirtió así en el sexto estado en regular las corridas de toros con violencia.

Respeto a quienes se oponen a la tauromaquia. El bienestar animal es una conversación ética legítima. Pero lo que no puedo dejar de señalar, porque sería una deshonestidad intelectual guardarlo en silencio, es la profunda incongruencia que revela esta clase de decisiones cuando se analiza el contexto en que ocurren.

Ese mismo gobierno que aprobó con 61 votos la protección del toro de lidia dentro de una plaza, preside una ciudad donde más de 130,000 personas están desaparecidas en todo el país y donde las madres buscadoras llevan años marchando sin que ningún congreso vote con esa misma urgencia y unanimidad por encontrarlas. El mismo aparato político que encontró en la tauromaquia un enemigo fácil y rentable en términos de imagen progresista, no ha mostrado esa misma energía legislativa para resolver la crisis de violencia, la impunidad, corrupción o la falta de justicia para las familias que buscan a sus muertos entre la tierra.

Resulta más sencillo, cómodo y redituable políticamente prohibir la muerte de un toro en una plaza que resolver la muerte de una persona en la calle. Uno genera aplausos en redes sociales. El otro requiere voluntad política real, recursos y consecuencias para quienes gobiernan. Y en esa ecuación, el toro resulta más conveniente que el ciudadano desaparecido.

No digo esto para minimizar la discusión sobre el bienestar animal, lo digo para poner en perspectiva las prioridades de quienes legislan. Cuando un gobierno es capaz de moverse con velocidad y contundencia para proteger a un toro bravo pero no con la misma urgencia para proteger a sus ciudadanos, algo fundamental está fallando en su escala de valores.

Como señalaron los organizadores de los festejos por los 500 años: las prohibiciones no protegen la cultura, la reducen. Las decisiones públicas deben construirse con información histórica y social, privilegiando el análisis cultural sobre la polarización.

Como escribió recientemente Rafael Cué: “Si algún día desaparece la tauromaquia, será de muerte natural: cuando ningún niño sueñe con ser torero y no existan mexicanos que aprecien el arte de torear. Nunca, pero nunca, por prohibiciones.”

México es un país plural y diverso. Caben en él quienes aman los toros y quienes los rechazan. Lo que no cabe en una democracia madura es usar la cultura como escaparate político mientras los problemas que de verdad sangran siguen sin atenderse. Y sí, soy taurino, eso no lo puedo negar.

Hasta la próxima.