Aranceles, sanciones y salud

Las sanciones y aranceles son herramientas restrictivas de política exterior que se aplican comúnmente a transacciones económicas generales, con el objetivo punitivo de forzar cambios de comportamiento de algún país o comunidad, como detener violaciones de derechos humanos o promover la democracia. Según la Base de Datos Global de Sanciones (Global Sanctions Database), la duración y frecuencia de las sanciones han aumentado de forma constante desde 1950, mientras que su tasa de éxito para lograr el objetivo declarado se mantiene en torno al 30 %.

Todas las sanciones económicas, de toda naturaleza, en última instancia funcionan como sanciones a la salud. A través de sus efectos directos en la prestación de servicios de salud, el acceso a productos médicos y medicamentos, y la salud mental de la población civil, así como sus efectos indirectos en determinantes de la salud como el desarrollo socioeconómico y la seguridad alimentaria, las sanciones socavan inevitablemente -a veces intencionalmente-, el derecho a la salud de las personas. Además, los efectos adversos de las sanciones en la salud son más pronunciados entre los niños, las mujeres (en comparación con los hombres) y las poblaciones más pobres y marginadas. Con una baja tasa de eficacia en la consecución de su pretendido objetivo primario y un impacto significativo y desigual en la salud, es cuestionable si las sanciones económicas reducen significativamente el número de muertes en comparación con la agresión militar. Y la imposición de  aranceles, la interrupción de ayudas económicas para el desarrollo y todo el conjunto de medidas de castigo económico con fondo político si matan: las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos o los países de la Unión Europea se asociaron con 564258 muertes al año entre 1971 y 2021, una cifra mayor que el número anual de bajas relacionadas con guerras (106000 muertes), según cifras de la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo sucedida en Sevilla a principios de este mes.

La imposición de aranceles y la retirada de la ayuda al desarrollo por parte de Estados Unidos podría considerarse una sanción de facto en términos de su impacto, aunque la intención puede variar. Peor aún, a diferencia de la mayoría de las sanciones, es improbable que los cambios de comportamiento de los Estados afectados alteren este devastador curso de acción. Los líderes políticos de los países ricos y poderosos deberían reflexionar y actuar ante la incoherencia entre la imposición de sanciones económicas, la reducción de la ayuda al desarrollo y sus obligaciones morales de promover la equidad y el desarrollo global. Evidentemente, el discurso del ejecutivo norteamericano en estos días claramente manifiesta su desdén por estas obligaciones.

Dejando de lado las sanciones y los recortes de la ayuda, los países de ingresos bajos y medios (PIBM) deben adoptar un sistema de financiación más autosuficiente y resiliente para el desarrollo y la salud. Una estrategia consiste en ampliar las fuentes de financiación de la salud mediante medidas como el aumento de los tipos impositivos marginales para los ricos y la intensificación de los impuestos al tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas. La deuda sigue siendo un obstáculo importante para el desarrollo de los PIBM; junto con los esfuerzos colectivos para abordar las deficiencias de la arquitectura financiera mundial, las partes interesadas se verían beneficiadas al implementar instrumentos de alivio de la deuda más eficaces e innovadores, como la conversión de deuda en salud y la conversión de deuda en naturaleza, que redirigen los pagos de la deuda al fortalecimiento del sistema de salud, la medicina preventiva y la preservación del medio ambiente.

Otro enfoque para lograr la resiliencia financiera es minimizar la ineficiencia prevaleciente en los sistemas sanitarios públicos y está asociada a factores como la mala gobernanza (en particular, la corrupción) y el gasto público insuficiente en cobertura e infraestructura sanitaria.

Si deben existir sanciones económicas, los países que las imponen deben monitorear y revisar todas sus consecuencias, con un mecanismo de salida explícito para evitar una extensión innecesaria. No debemos ignorar la alarmante evidencia sobre las sanciones y los recortes de la ayuda, y los países con poder para ejercer estas palancas económicas deben evaluar si el impacto en la salud es una compensación justificable, amén del posible efecto bumerán derivado de las mismas.