¿Quién debe “aguantar vara”?

Anabel Hernández escribió en uno de sus libros que algunas actrices se prostituían con Arturo Beltrán Leyva y que Televisa, la empresa dónde laboraban, ponía a disposición un catálogo de sus bellezas que tanto motivaban el legendario traficante que habilitó una clínica estética cercana a la sede de la empresa para facilitar su observación. Televisa interpone una demanda y la gana en definitiva.

Penguin Random House, la editorial más grande del mundo y Anabel,  pierden en definitiva, tendrán que publicar la réplica dónde se evidencia que lo aseverado carece de pruebas.

Con esa sentencia se establece incontrovertible fundamento para que tanto Televisa como las actrices calumniadas obtengan indemnización millonaria como resultado del juicio por daño moral que se interpondrá en Londres, Inglaterra y en la Ciudad de México, según información publicada por el diario El Universal.

Ni la locuaz Anabel ni los habituales columnistas y conductores de radio y televisión han protestado cuando acostumbran calificar como atentado a la libertad de expresión toda iniciativa de quien acude a la ley en defensa de su honor cuando se publican falsedades que le ocasionan daño a su reputación, esta vez el hecho de que sea la televisora más poderosa de América Latina quien demanda, los priva del argumento utilizado.

Los gobernantes no necesitan demandar ante tribunales cuando son difamados debido a que disponen de medios de réplica contundente, tal como lo prueba el enorme fracaso del conjunto de medios de comunicación dedicados a publicar falsedades en torno a un gobierno que cuenta con el más sólido apoyo ciudadano desde que existen las encuestas.

Los que si necesitan la protección de los tribunales son los individuos ¿Se le puede negar el derecho a defenderse a quien se le atribuyen nexos con el narcotráfico sin prueba alguna, condenándolo a él y a los suyos al estigma de moda?

¿Es de justicia que un familiar de un político odiado por un medio o periodista tenga que sufrir difamaciones y acoso solo por ser hijo, pareja, hermano o a veces solo amigo del blanco de los ataques?

Los dueños del circo

Es de aplaudir la decisión de Televisa de no irse en exclusiva contra el eslabón más débil (la periodista Anabel).

Al proceder contra la editorial Penguin Random House subraya la responsabilidad de las empresas que otorgan espacios a quienes inventan “fuentes” para publicar mentiras.

¿Es el Universal ajeno a las intenciones de Salvador García Soto cuando inventa que la UIF “congeló” las cuentas a familiares de Manuel Barlett?

¿El Financiero es ajeno a la producción semanal de mentiras de Raymundo Rivapalacio?

¿Radio Fórmula no tiene en Azucena Uresti la propagadora oficiosa de cualquier invención útil a sus afanes?

No es la opinión lo que penaliza la ley, es la afirmación sin sustento.

Es fácil advertir que ser dueño de un medio de comunicación da poder de negociación y que con frecuencia son sus otras empresas las que le aportan la mayor riqueza, ¿Qué mejor que tener en la nómina a periodistas temidos en vez de respetados?

Otro mensaje derivado de la demanda de Televisa es el de que al periodista le corresponde la carga de la prueba, no al aludido en su periodismo.

Verdad tan elemental es ignorada por el degradado periodismo cuyo que inventó que Beatriz Gutiérrez Muller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, junto con el hijo de ambos, decidió mudarse a Madrid, exponiéndola al odio que la derecha española le profesa a quien demandó el reconocimiento de la barbarie monárquica con nuestros pueblos originarios.

Exhibida la mentira, en vez de disculparse, reclaman que la difamada pruebe su inocencia en vez de asumir que es a ellos a quienes les asiste la obligación de sustentar lo que afirman.

Que nos rija la ley

No se necesita legislar al respecto, con las normas vigentes basta y sobra para preservar la libertad de expresión de la totalidad ciudadana, no solo la de los comunicadores, sin dejar en la indefensión a quienes son víctimas del periodismo que no respeta la ley ni la verdad,  lo que se necesita es que las autoridades ministeriales y judiciales apliquen lo que en derecho corresponde y que la ciudadanía esté no se deje embaucar por quienes se disfrazan de defensores de la libertad de expresión para tener impunidad.

No le pidamos a alguien que “aguante vara”, que no se defienda cuando lo injurian, cuando invaden su vida privada, cuando le atribuyan hechos falsos.

Que “aguanten vara” los accionistas de Penguin Random House y Anabel Hernández.

Que “aguanten vara” los que difaman e injurian en nombre del noble oficio del periodismo.

Quien recurre a la ley defendiendo su integridad moral fortalece al periodismo crítico apegado a la verdad.

Nos encontramos el lunes en Recreo

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