El Runrún: Año del progreso inicia con derrota constitucional

Antes incluso de que el gobierno de Zacatecas anuncie oficialmente el llamado “Año del Progreso”, ya enfrenta un golpe político y administrativo de alto impacto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo declaró inconstitucionales dos artículos de la nueva Ley del Issstezac, sino que evidenció una realidad incómoda: el discurso oficial se sostiene sobre una institución que carece de un respaldo jurídico sólido.
La resolución obliga a restituir derechos a pensionados y jubilados, como el pago de 60 días de aguinaldo, pero también exhibe lo que durante años se evitó enfrentar. No se actuó contra los responsables del quebranto financiero, no se corrigieron las omisiones estructurales y hoy se deben acatar sentencias sin contar con los recursos necesarios. El propio director del instituto lo admite sin rodeos: “dinero no hay, y no lo hay porque nunca se presupuestó”, le toque a quien le toque.
Más grave aún es que la Junta Directiva del Issstezac está presidida por el gobernador del estado. La responsabilidad política, por tanto, no es abstracta ni exclusivamente heredada; es actual y directa. El fallo de la Corte puede marcar el inicio del fin de una institución que ha resistido contra todo, incluso contra sus propios gobernantes. Acatar la sentencia es obligatorio; asumir la responsabilidad política, impostergable. Así comienza el llamado Año del Progreso, incluso antes de ser anunciado.

Decisiones de Ricardo en el Issstezac hoy pesan sobre David
La historia política suele ser implacable con quienes toman decisiones sin medir sus consecuencias a largo plazo. En Zacatecas, un ejemplo claro se remonta a 1998, cuando Ricardo Monreal Ávila, recién rendía protesta como gobernador, autorizó el incremento del aguinaldo de 40 a 90 días para el magisterio estatal.
La medida, celebrada en su momento por amplios sectores, incluyó al personal de la Sección 58 del SNTE y a las telesecundarias, sembrando una semilla que décadas después germinaría con fuerza. Difícilmente el entonces gobernador perredista imaginó que esa determinación se convertiría en una bomba de tiempo financiera, y mucho menos que terminaría explotando en manos de su propio hermano, David Monreal Ávila.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordena restituir los 60 días de aguinaldo a los pensionados del Issstezac, no surge de la nada: es consecuencia directa de aquel precedente. Hoy, la narrativa adquiere tintes de ironía política.
Lo que en su origen fue una decisión popular y políticamente rentable, se transformó en una pesada carga presupuestal para el gobierno actual. “La justicia tarda, pero llega”, dicen algunos; otros hablan de justicia divina. Lo cierto es que Zacatecas enfrenta hoy el costo de decisiones heredadas, recordándonos que en el ejercicio del poder, los beneficios de corto plazo suelen cobrarse caro en el futuro.
No faltarán quienes exijan un posicionamiento del gobernador David Monreal frente a quien, de manera irresponsable y con un enfoque claramente populista, incrementó sin medir consecuencias el aguinaldo a 90 días para los maestros de Zacatecas. Este episodio podría marcar el principio del fin de una institución noble en su origen, pero hundida por malas decisiones acumuladas.

Desorden gubernamental vuelve a colapsar el sistema de salud
Una vez más, la falta de pericia en la conducción política pone en riesgo lo más elemental: la atención médica y la salud de miles de zacatecanos. No se trata de un conflicto nuevo ni inesperado, sino de la reiteración de un problema que el gobierno estatal ha sido incapaz de resolver, producto de una administración deficiente y de una alarmante ausencia de sensibilidad política.
Más allá de si la responsabilidad recae en el IMSS-Bienestar o en la Secretaría de Salud estatal, lo cierto es que la situación no debió llegar al nivel de abandono que hoy enfrenta el gremio de enfermeras y enfermeros, y en general todo el personal médico del estado. El desgaste ya no es exclusivo de las dirigencias sindicales.
Tras casi cuatro años de incumplimientos, la inconformidad alcanzó a quienes sostienen diariamente hospitales generales que operan al límite. Médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y personal administrativo vuelven a las calles no por capricho, sino porque el gobierno ha normalizado el adeudo, el retraso y la evasión de responsabilidades.
La convocatoria a una megamarcha y las jornadas de “brazos caídos” en hospitales de Zacatecas, Fresnillo, Loreto, Jerez y el Hospital de la Mujer evidencian una crisis más profunda: la incapacidad del Estado para cumplir compromisos laborales ya devengados.
Cuando la autoridad falla, no solo se vulneran derechos laborales; también se pone en riesgo la calidad y continuidad de los servicios médicos. Este conflicto difícilmente tendrá una salida administrativa o política en el corto plazo. Todo indica que la factura de esta mala gestión se cobrará en junio de 2027, cuando el descontento acumulado encuentre cauce en las urnas. Mientras tanto, la salud pública continúa pagando los errores del poder.

Runrunazos
La reforma electoral deja al descubierto tensiones reales entre Morena, el PT y el Partido Verde. La posible eliminación de plurinominales y el recorte de prerrogativas amenazan la cohesión de la alianza oficialista. Zacatecas no es ajena a este escenario: de los acuerdos nacionales dependerán la estabilidad política local y, sobre todo, la definición de la candidatura al gobierno del estado.