
Osvaldo Caldera, titular de Policía Vial. | Foto: Cortesía.
El Runrún de hoy, viernes 12 de septiembre del 2025.
La agresión contra estudiantes de la Preparatoria 2 de la UAZ exhibió el grave incumplimiento dentro del comité organizador de la Feria Nacional de Zacatecas. Aunque el gobierno estatal había comprometido la implementación del programa Ruta Segura, los hechos demuestran que la coordinadora de la feria, Yaseth Hernández, no cumplió con su responsabilidad.
El descuido no solo dejó en vulnerabilidad a los jóvenes, sino que también exhibió a la secretaria de las Mujeres, Karla Guardado, y al director de Seguridad Vial, Osvaldo Caldera, ya que ellos se comprometieron con todas las instituciones que formaron parte de las mesas de la ruta segura, incluida la UAZ, a que no habría un solo vehículo de los comerciantes en las inmediaciones de la Universidad, los llevarían a las instalaciones del polideportivo, pero Yaseth Hernández no cumplió.
Ninguna estrategia de seguridad puede funcionar si la cabeza del comité ignora lineamientos básicos para garantizar el libre tránsito en las inmediaciones del recinto ferial.
La llamada ruta segura terminó siendo la ruta del asalto. Los estudiantes agredidos y despojados de sus pertenencias, así como los abusos denunciados hechos por policías, dejan evidencia de que la Fenaza no es segura, y es organizada bajo la improvisación ni la negligencia. El discurso del general Medina Mayoral se fue al carajo, él señaló que sería una feria sin incidentes, solo falta que ahora digan que se referían a “incidentes mayores”, relacionados con delincuencia organizada.
La coordinación de la feria no es un cargo decorativo, sino una responsabilidad con la ciudadanía. Hernández debe rendir cuentas, porque en su omisión puso en entredicho dicho el trabajo de la Mesa de Construcción de Paz.. La seguridad no se promete: se garantiza con hechos.
Yaseth Hernández impone cobros indebidos en estacionamientos públicos
Como si no fuera suficiente el haber inhabitado todo el sistema de estacionamiento instalado en el estacionamiento de la Megavelaria, por así convenir a los intereses de los integrantes del patronato de la FENAZA, la decisión de Yaseth Hernández de apropiarse de los estacionamientos de la Unidad Deportiva Benito Juárez y del Estadio Carlos Vega Villalba, imponiendo un cobro de 100 pesos por automóvil, refleja con claridad una gestión arbitraria y ajena al interés ciudadano.
Se trata de un acto de abuso de poder que afecta directamente a quienes hacen uso de estos espacios deportivos y no necesariamente acuden a las instalaciones de la Feria. La medida, lejos de fomentar el orden o la organización, se traduce en una práctica recaudatoria sin justificación real, que vulnera el derecho de los usuarios a disfrutar de espacios públicos sin cargas indebidas.
Esa voracidad exhibe la falta de sensibilidad hacia la comunidad, pues se privilegia el beneficio económico (seguramente personal) sobre el servicio a la sociedad. Lo que debería ser un espacio para el deporte y la convivencia termina convertido en negocio particular. La pregunta en todo caso es saber si de todo ello ¿está enterado el gobernador?
Incapacidad oficial agrava crisis educativa en Zacatecas
El presente ciclo escolar apenas cumple dos semanas y ya hay crisis. La Universidad Politécnica permanece en huelga, mientras que tres de las cuatro normales del estado estuvieron en paro, esta semana, bendito Dios dos de ellas ya decidieron levantarlo.
A esto se suman las constantes suspensiones en escuelas primarias por la falta de maestros, episodios de violencia escolar y otras irregularidades que demuestran el abandono del sistema. En paralelo, se advierten amenazas de paralización por parte de los sindicatos, sin que las autoridades den respuestas de fondo.
El gobernador ha quedado solo, mientras sus directivos alimentan la posibilidad de que estallen bombas políticas innecesarias. La educación, prioridad indiscutible, está siendo relegada por una gestión carente de seriedad y compromiso.
Runrunazos
Si se aprueba la reforma al artículo 122 de la Constitución local, ningún familiar de los actuales alcaldes podrá aspirar a gobernar su municipio ni ocupar cargos de confianza. La iniciativa de Santos Antonio González Huerta busca frenar el nepotismo, práctica que corroe la vida pública y convierte gobiernos en feudos familiares, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones.
La aprobación del Protocolo contra la violencia sexual en la UAZ marca un avance histórico. Por primera vez, existe un marco legal y colectivo para atender denuncias y garantizar respuestas inmediatas. El reto será su implementación, pues sin voluntad ni recursos quedaría en papel.