Hay actitudes humanas que resultan prácticamente imposibles de explicar desde la lógica. Una de ellas es la de quienes, teniendo un motivo legítimo para celebrar,  terminan convirtiendo la alegría colectiva en una experiencia de miedo, violencia y destrucción.

Celebrar un triunfo deportivo, una victoria política, una festividad popular o incluso participar en una manifestación para exigir derechos, debería ser motivo de convivencia, entusiasmo y expresión ciudadana. Sin embargo, con demasiada frecuencia observamos que esos espacios son aprovechados por personas cuyo verdadero interés nada tiene que ver con la causa que congregó a la multitud.

Se infiltran entre la gente individuos movidos por el resentimiento, la cobardía o el simple deseo de provocar daño. Protegidos por el anonimato que ofrece la multitud, insultan, golpean, destruyen bienes públicos y privados, intimidan a familias enteras y ponen en riesgo la vida de personas completamente ajenas al motivo de la celebración o de la protesta.

Lo más lamentable es que un momento destinado a unir termina sembrando dolor y división.

En los últimos días hemos sido testigos de hechos profundamente lamentables. El reciente suceso ocurrido en Cabo San Lucas, la agresión sufrida por una mujer en Zacatecas y muchos otros episodios similares que constantemente aparecen en los medios de comunicación, evidencian una realidad preocupante: basta la presencia de unos cuantos violentos para transformar un triunfo en una tragedia y para empañar la imagen de miles de personas que únicamente deseaban celebrar o ejercer pacíficamente un derecho.

No podemos aceptar que esa conducta termine normalizándose. Mucho menos que la impunidad se convierta en el incentivo perfecto para que vuelva a repetirse.

Existe un viejo refrán que afirma: “El valiente vive hasta que el cobarde quiere.” La frase encierra una profunda reflexión. Muchas veces la violencia prevalece no porque sea más fuerte, sino porque quienes respetan la ley optan por guardar silencio, evitar problemas o resignarse a los abusos.

Pero poner un límite no significa responder con la misma violencia. La civilización precisamente consiste en sustituir la fuerza por el derecho.

La respuesta no debe ser la justicia por propia mano, sino el fortalecimiento de las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar estos delitos. La autoridad debe identificar a quienes aprovechan las concentraciones públicas para delinquir, aplicar la ley sin distingos y garantizar que quien cause daños al patrimonio ajeno o atente contra la integridad de las personas responda plenamente por sus actos. La omisión de la autoridad alienta a seguir haciéndolo cada vez con mayor virulencia en perjuicio del derecho.

Tan importante como la actuación de la autoridad es la responsabilidad ciudadana. Quien presencia una agresión no debe proteger al agresor con el silencio. Las nuevas tecnologías permiten documentar los hechos, aportar pruebas y colaborar para que los responsables sean identificados. La solidaridad también consiste en defender a las víctimas y no en encubrir a quienes destruyen la convivencia.

Una sociedad madura sabe ganar con humildad, protestar con respeto y celebrar sin atropellar los derechos de los demás. La libertad de unos termina exactamente donde comienza la libertad de los otros.

Convertir una victoria en violencia, una celebración en vandalismo o una manifestación legítima en escenario de agresiones no es valentía, ni rebeldía, ni pasión. Es simple estulticia: la necedad de destruir aquello mismo que se pretendía celebrar.

Los triunfos engrandecen cuando unen; las tragedias aparecen cuando permitimos que la irracionalidad sustituya al civismo y que la impunidad se imponga sobre el Estado de Derecho.