Soberanía, justicia y la tentación del justiciero

Me uno a las voces de quienes han criticado la intervención de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en Venezuela. Nadie, por poderoso que sea, tiene derecho a ingresar violentamente al territorio de otro Estado vulnerando su soberanía, ni siquiera con el pretexto de detener a un dictador acusado de narcoterrorista. La violación al derecho internacional no deja de serlo por más noble que parezca el objetivo.

Donald Trump pretende asumirse como el justiciero global, buscando el reconocimiento de los ciudadanos del mundo. Sin embargo, conocemos desde siempre – y los mexicanos con particular claridad, – la históricamente probada vocación proimperialista de los gobiernos norteamericanos, que intervienen cuando existe una fuerte motivación económica o política detrás, muchas veces disfrazada con un discurso moral que pretende ocultar intereses menos confesables. No se trata de liberadores, sino de actores que han buscado influir y reconfigurar regiones enteras conforme a su conveniencia.

Para evitar el dominio de unos sobre otros, las naciones establecieron límites claros y consagraron la soberanía como principio fundamental del respeto entre Estados. La soberanía no es una consigna ideológica, sino una garantía mínima de convivencia internacional. Ningún país debe intervenir en la vida interna de otro ni pretender guiar su destino. Sólo los ciudadanos de cada nación tienen el derecho de decidir, por la vía pacífica, el rumbo de su propio país. Para eso existe la democracia, imperfecta pero insustituible.

El suceso de Venezuela demuestra que no hay poder público capaz de quebrantar indefinidamente los derechos de las mayorías. Ningún gobernante puede sostenerse eternamente mediante el engaño, la intimidación, la humillación o la corrupción. Quien cree que, protegido por aliados, socios o beneficiarios de sus fechorías, logrará escapar de la justicia, tarde o temprano termina pagando el precio de sus actos.

No olvidemos al valentón aquel que, investido de poder y de soberbia, retó a Donald Trump a ir por él hasta el Palacio de Miraflores, llamándolo cobarde. El retado respondió con una operación que duró apenas tres horas: el dictador y su esposa fueron extraídos del poder y trasladados a Brooklyn para enfrentar cargos por narcoterrorismo y otros delitos. Bastaron tres horas para deponer a un régimen personalista que causó un daño profundo a millones de venezolanos.

Miles de ellos se vieron obligados al exilio; otros permanecieron en su país viendo restringidas sus libertades, su seguridad y su bienestar. Al conocerse la noticia, comunidades venezolanas en distintas partes del mundo expresaron su júbilo, con la ilusión de una Venezuela libre y la esperanza de volver a abrazar a quienes se quedaron. Dentro del país, en cambio, predominó la cautela, el miedo a la represión y la incertidumbre, pues no se trató de una caída inmediata del régimen y optaron por esperar un cambio guiado ahora sí por la voluntad popular. Nadie más que los venezolanos debe decidir el derrotero de su patria. Hoy tienen una oportunidad histórica para hacerlo sin el peso del dictador que durante años secuestró su destino.

En México, esta discusión no nos es ajena. Nuestro país conoce bien los costos de la intervención extranjera, pero también los estragos que provocan los gobiernos que, desde dentro, erosionan el Estado de derecho y confunden mayoría electoral con cheque en blanco. Si algo enseña la experiencia venezolana es que la democracia se pierde gradualmente, cuando la ley se subordina al poder y el miedo sustituye a la voluntad popular. México debe defender su soberanía hacia afuera, pero honrarla hacia adentro, garantizando libertades, legalidad y oportunidades reales. Porque las naciones no se salvan por la fuerza ajena ni se destruyen sólo desde fuera: se sostienen o se pierden, por las decisiones de sus ciudadanos.